La titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías informó que suman 6 órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios de migración, dos elementos de seguridad privada y un migrante, señalado por iniciar el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en el que murieron 39 personas.

“Las órdenes de aprehensión que se concedieron fueron por los delitos de homicidio con dolo eventual, así como lesiones en contra de los 67 extranjeros que estaban en el lugar”, explicó Herrerías Guerra. Respecto a la situación del migrante, la fiscal informó que ya fue dado de alta y no será deportado debido a las acusaciones en su contra.

En conferencia de medios, desde Palacio Nacional, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo a las víctimas y familiares de los migrantes fallecidos “que tengan certeza de que no habrá impunidad y quienes resulten responsables deberán responder ante la justicia”.

Dijo que ya se identificaron a los 39 migrantes fallecidos, que dejó el incendio en la estación migratoria, entre los que se encuentran 18 guatemaltecos, 7 salvadoreños, 7 venezolanos, 6 hondureños y un colombiano.

Por otro lado, Rosa Icela indicó que fue dado de alta uno de los 28 migrantes, que fueron hospitalizados.

Además, informó que las autoridades ya identificaron a la empresa responsable de la seguridad privada en la estación migratoria de Ciudad Juárez. A pregunta expresa sobre si dicha empresa es propiedad de Elías Valdéz, consul honorario de Nicaragua en México, las funcionarias no lo confirmaron ni lo desmintieron. Informaron que la empresa tiene como socios a David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet.

“Se trata del Grupo de Seguridad Privada CAMSA SA de CV, misma que se registró ante la Dirección General de Seguridad Privada de la SSPC desde el 3 de septiembre de 2020”, dijo la titular de la SSPC.

Reveló que, entre las presuntas irregularidades detectadas a CIECSA, no cuenta con permiso de portación de armas de fuego, asignados al albergue solo tenía a 4 elementos de seguridad, los cuales contaban con un total de 10 uniformes. Esto, constituye otra irregularidad ya que el en contrato formado con el Instituto Nacional de Migración se detalla que es por un total de 503 trabajadores para albergues de migrantes y otras instalaciones ubicadas en 23 entidades del país.

Señaló que ya iniciaron el proceso administrativo sancionador en contra de la empresa responsable de la seguridad privada en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Entre las posibles sanciones está la imposición de una multa económica y la revocación del permiso.