La Cámara de Senadores aprobó, con 92 votos, el proyecto para abrogar la Ley sobre Delitos de Imprenta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1917, toda vez que atenta contra el principio de progresividad de los derechos humanos.

En el dictamen, las y los senadores advirtieron que dicha legislación limita, de forma evidente y grave, el goce y ejercicio de los derechos de libertad de expresión, opinión e imprenta. 

Por tal motivo, precisaron, se busca derogarla, a fin de garantizar que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos, con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El senador Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, consideró que es inadmisible cualquier regresión a los derechos fundamentales; “por eso, frente a cualquier intento de establecer penalidades a la injuria o a la expresión contra alguna autoridad, nosotros lo que estamos haciendo es derogar esta Ley, para que nadie se vea tentado a aplicar disposiciones que son obsoletas, absurdas, contrarias al principio de progresividad que establece la Constitución”.

Recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece esta parte sustancial de que la libertad de expresión y de pensamiento no puede estar sujeta a censura ni la revisión por la autoridad.

Ricardo Monreal, tras recordar que la Ley de Imprenta se publicó en el año de 1917, señaló que con la abrogación se sepulta toda contradicción, todo retroceso en el avance progresivo de la garantía y protección más amplia de los ciudadanos.

El legislador dijo que algunos de los que aquí estamos, participamos en la reforma constitucional del 2011, que implicó una profunda transformación al sistema jurídico nacional en donde al modificar la Constitución, se privilegió la protección, la garantía de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en los que México forma parte.

Por eso no puede haber regresión en el artículo 6º y en el 7º, en donde se consagran garantías individuales fundamentales, como la garantía de audiencia, como el derecho a la información, como el derecho de imprenta. Poder expresar y decir lo que se quiera, sin ninguna consecuencia o represión a lo mismo o a esta actitud del ciudadano, finalizó.

En tribuna, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, consideró que la Ley Sobre Delitos de Imprenta ya no tiene cabida en el orden jurídico nacional, por tratarse de un marco normativo que restringe injustificadamente el ejercicio de libertad de expresión, opinión y de imprenta.

Recordó que la ley fue publicada antes de la Constitución Política de 1917, por lo que no sólo ha dejado de responder a la realidad, sino que resulta incompatible con el resto de los ordenamientos jurídicos nacionales, pues mantiene vigentes procedimientos que hace mucho tiempo fueron derogados.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, señaló que la Ley de Imprenta ya no tiene uso y resulta incompatible con el resto de las legislaciones actuales, porque contiene disposiciones que contravienen lo dispuesto en la Constitución.

De seguir vigente, explicó el senador, se mantendría en vigor una escala de tipologías de delitos que pueden dañar gravemente la libertad de expresión, prensa, opinión y manifestación de ideas.

Germán Martínez Cázares, senador del Grupo Plural, destacó la importancia del proyecto al considerar que este dictamen tiene el propósito de que “la palabra surja libre”, lo que garantiza el derecho a la libertad de expresión y al mismo tiempo, el de la información pública.

El senador José Alfredo Botello Montes, del PAN, celebró el dictamen porque contribuye al avance de la libertad de prensa que ha evolucionado, de tal manera que todas las personas que emitimos una opinión podemos hacerlo sin tener la amenaza de ser sancionados con la cárcel. El dictamen fue remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.