El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, sostuvo que, con la determinación de una jueza de Distrito que le otorgó al secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, una suspensión definitiva en contra del ceso que se le impuso, es el primer revés jurídico en contra del Plan B electoral, de muchos que vendrán en la batalla por instaurar el orden democrático y constitucional.

En su video dominical, el consejero explicó que con la entrada en vigor del Plan B, también entró, en su fase decisiva, la batalla jurídica para defender, ante los tribunales de la República, nuestra democracia y el orden constitucional que esas reformas legales violan abiertamente.

Explicó los cinco pilares de nuestro sistema electoral democrático: la autonomía e independencia de las autoridades electorales; el servicio profesional electoral nacional; la estructura permanente del INE en todo el país; la integridad de nuestro padrón electoral y las condiciones de equidad en la competencia, que impiden que los gobiernos y los funcionarios públicos intervengan en las campañas electorales.

“Todos ellos son principios establecidos y protegidos por la Constitución, y éstos han sido vulnerados por el conjunto de reformas electorales, que la mayoría oficialista de las Cámaras del Congreso de la Unión impuso sin respetar las reglas básicas del proceso legislativo”, agregó Córdova.

Recordó que, ante la entrada en vigor de estas leyes, el pasado jueves 9 de marzo, el INE interpuso una segunda demanda de controversia constitucional ante la SCJN y con lo cual el instituto no sólo defiende su autonomía, sino el estado democrático de derecho establecido en la Carta Magna, en contra de la constelación de violaciones constitucionales, que cerca de 200 artículos de estas leyes implican a 26 imposiciones de la Constitución.

Dio a conocer los ejes de esa controversia son 4:

Primero.- La violación al debido proceso legislativo, cometidos por la Cámara de Diputados y por el  Senado en la aprobación de esta reforma.

Segundo.- La vulneración de la autonomía y de la independencia del INE, por parte de los poderes Legislativo Ejecutivo.

Tercero.- La vulneración de las condiciones de la equidad de la competencia política, que nos ha permitido hasta ahora tener elecciones libres y auténticas, y

Cuarto.- La grave afectación de los derechos laborales del personal del INE, tanto del servicio profesional electoral como de la rama administrativa, que esta reforma supone.

Por otra parte, dijo que, esta semana que concluye, una jueza de Distrito le otorgó al secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, un funcionario probo, honesto y comprometido al que el sistema electoral y la democracia le deben mucho, una suspensión definitiva en contra del cese que le impuso indebidamente la reforma y, por lo tanto, reordena su instalación.

Con ello, estos cambios legales arbitrarios, antidemocráticos e inconstitucionales del Plan B sufrieron su primer revés jurídico. El primero, estoy seguro, de muchos que vendrán en la batalla por reinstaurar el orden democrático y constitucional de nuestro país.