Confirma TEPJF que el uso de caricatura de AMLO en propaganda de Morena es una violación electoral

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por mayoría de votos, la resolución dictada por la Sala Regional Especializada mediante la cual determinó, entre otras cuestiones, sancionar a Morena por utilizar en su propaganda la caricatura del presidente de la República, lo que vulnera los principios constitucionales de neutralidad y equidad en la contienda.

El asunto tiene su origen en la queja presentada por Jorge Álvarez Máynez, quien denunció el uso de la caricatura mencionada en una publicación difundida desde la cuenta oficial de Morena en Twitter para apoyar los pasados procesos electorales locales de 2022 en los que se renovaron seis gubernaturas. La Sala Regional Especializada concluyó que la propaganda era indebida y determinó sancionar al partido. Inconforme, Morena acudió ante la Sala Superior y señaló, esencialmente, que no existía una prohibición legal para el uso de la caricatura denunciada.

Derivado del debate en la sesión pública de resolución, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó, con el voto en contra del magistrado José Luis Vargas Valdez y con las ausencias justificadas de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que sí hay base constitucional y legal para sancionar la propaganda denunciada en la que se aprecia la imagen caricaturizada de Andrés Manuel López Obrador junto con un mensaje que tuvo como finalidad expresar el apoyo o beneplácito a favor de las seis candidaturas contendientes a una gubernatura postuladas por Morena, ya que el uso de la imagen en caricatura de un servidor público de la más alta investidura que no contiende electoralmente, contraviene el principio constitucional de la equidad en la contienda, así como los principios de imparcialidad y neutralidad, al obtenerse una ventaja indebida en detrimento de la formación de las preferencias electorales de la ciudadanía y de otros partidos políticos, ya que se trata de una infracción a las reglas constitucionales y legales que rigen la propaganda electoral de los partidos políticos.

Asimismo, se señaló que la propaganda política-electoral está limitada para promover las candidaturas, sus propuestas, así como al ideario y plataforma de los partidos políticos, pero no para capitalizar la imagen de un servidor público, a fin de obtener una ventaja indebida.

Finalmente, se expuso que el uso de la imagen que identifique a un servidor público en la propaganda política-electoral, máxime si se trata del titular del Ejecutivo Federal, para posicionarse o para hacer un llamado al voto, no está permitido y no puede ampararse en modo alguno en el ejercicio de una libertad de expresión, como lo planteaba el partido político.

Por tales razones, la Sala Superior determinó que Morena incumplió con las reglas de propaganda electoral y vulneró los principios constitucionales de equidad e imparcialidad en los procesos electorales locales que transcurrieron al momento de la difusión de la publicación (SUP-REP-709/2022 y acumulado).

La elaboración del engrose respectivo correspondió al magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón.

Confirman la vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad atribuida a Sheinbaum

Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución emitida por la Sala Regional Especializada que determinó la existencia de la vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad atribuidas a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, derivado de su participación en una conferencia de prensa celebrada en Tamaulipas a favor de Américo Villarreal, entonces candidato a gobernador en ese estado; así como el beneficio electoral indebido a favor del aludido candidato y los partidos que lo postularon.

Este asunto tiene su origen en la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra, entre otros, de la jefa de Gobierno por el presunto uso indebido de recursos públicos y la vulneración a los principios de neutralidad e imparcialidad, derivado de su asistencia y participación en una rueda de prensa y en el foro denominado “Voces de esperanza de las y los Tamaulipecos”.

La Sala Regional Especializada determinó que la jefa de Gobierno vulneró el principio de imparcialidad y que benefició indebidamente a Américo Villarreal, así como a Morena, al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Por tanto, impuso multas al excandidato y a los partidos políticos.

Inconformes con esta determinación, el PT, Morena, Claudia Sheinbaum y Américo Villarreal, acudieron ante la Sala Superior y alegaron, esencialmente, un indebido análisis para la acreditación de la vulneración al principio de neutralidad, así como la falta de acreditación del beneficio electoral indebido.

La Sala Superior del Tribunal Electoral, en sesión pública presencial, a propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y con la ausencia justificada de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, confirmó la resolución emitida por la Sala Regional Especializada.

Lo anterior, ya que se acreditó la participación de la jefa de Gobierno en la rueda de prensa en la cual tuvo una participación activa y expresó su apoyo a favor del entonces candidato. Además, en el evento, detrás de la servidora pública se encontraba publicidad en la que se advertía la imagen de Américo Villarreal y los logotipos de los partidos Morena, PT y PVEM (SUP-REP-816/2022 y acumulados).

Adán Augusto López no realizó actos anticipados de precampaña o campaña

Por otro lado, por unanimidad de votos, con el voto de salvedad del magistrado Indalfer Infante Gonzales y el voto concurrente del magistrado José Luis Vargas Valdez, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la inexistencia de la infracción consistente en la realización de actos anticipados de precampaña y campaña atribuibles al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con motivo de la conferencia impartida el 16 de julio del 2022, en el evento denominado Expo Guadalajara.

El asunto se originó porque Jorge Álvarez Máynez, denunció al secretario de Gobernación y a Morena por una supuesta reunión con empresarios efectuada el 15 de julio y por una conferencia impartida el 16 del mismo mes en el evento denominado Expo Guadalajara, Jalisco. Además, por la colocación de espectaculares con la frase #AdanVa, pues el denunciante consideró los hechos y actos denunciados como una estrategia sistemática de posicionamiento que se trata de actos anticipados de precampaña y campaña, así como de difusión de propaganda gubernamental personalizada.

Al respecto, la Sala Regional Especializada determinó, entre otras cuestiones, la inexistencia de la infracción consistente en la realización de actos anticipados de precampaña y campaña, al no actualizarse el elemento temporal, al haberse realizado el evento el 16 de julio pasado, es decir, fuera del proceso electoral federal.

Asimismo, tuvo por acreditado el elemento personal pero no el elemento subjetivo, pues no hubo un llamamiento expreso o inequívoco a votar por el servidor público denunciado en el próximo proceso electoral federal, ni se actualizaron equivalentes funcionales. Esto, dado que el servidor posicionó un movimiento político del que forma parte y no una plataforma electoral, ni aspiraciones políticas individuales.

El Tribunal Electoral, en sesión pública presencial, a propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con la ausencia justificada de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, confirmó la decisión controvertida, pues la Sala Especializada analizó el contenido integral de los hechos denunciados y, a partir de ello, concluyó que las expresiones se emitieron en atención al contenido y desarrollo del evento denunciado.

En ese sentido, la Sala Superior consideró que las expresiones no externan aspiraciones electorales personales del secretario de Gobernación, tampoco buscan un apoyo personal para alguna candidatura, plataforma electoral, ni a favor o en contra de partido político alguno de cara al proceso electoral federal.

Por tanto, no se acreditaron los actos anticipados de precampaña y de campaña. Finalmente, se advirtió que, si bien en este caso no existieron elementos suficientes para concluir que se acreditó una infracción en materia electoral, la reiteración de estas conductas podría demostrar que estamos ante un posicionamiento indebido de una precandidatura o candidatura (SUP-REP-810/2022).

Confirma la sanción al PVEM por omitir registrar operaciones en tiempo real

Además, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de votos, la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), correspondientes al ejercicio del 2021.

Esta controversia se originó a partir de la resolución del Consejo General del INE relacionada con la fiscalización del PVEM, correspondiente al ejercicio 2021, en la cual impuso una multa a dicho partido por la omisión de registrar diversas operaciones en tiempo real en el Sistema Integral de Fiscalización. El PVEM se inconformó con esa determinación ante la Sala Superior y sostuvo, esencialmente, que el INE modificó indebidamente su criterio de imponer una amonestación pública para la misma conducta infractora.

La Sala Superior del Tribunal Electoral, en sesión pública presencial, a propuesta del magistrado Indalfer Infante Gonzales y con la ausencia justificada de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, determinó que el INE impuso la sanción conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Lo anterior, ya que las sanciones que impone la autoridad fiscalizadora se basan en la valoración de las circunstancias de cada caso. En este sentido, se validó la determinación del INE, pues impuso una sanción atendiendo a las particularidades del caso concreto, que está prevista en la ley (SUP-RAP-346/2022).