La Aldea en breves

Fiscalía de la CDMX hace precisiones sobre el asunto de la ministra

El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Ulises Lara, aclaró algunos puntos sobre la denuncia presentada por la ministra Yasmín Esquivel.

Dijo que, una vez que la querella fue presentada, como nos ordena la Constitución, la Fiscalía inició una carpeta de investigación, realizó diversas diligencias y resolvió el No Ejercicio de la Acción Penal ante la prescripción de los hechos.

“No obstante, de manera deliberada fueron filtrados, tanto la carpeta de investigación así como un falso comunicado de prensa, a nombre de esta institución, donde se afirmaba erróneamente que el Ministerio Público resolvió que la denunciante fue víctima de plagio, lo cual es absolutamente falso”, dijo el funcionario.

Aclaró que la resolución de la Fiscalía es muy clara, y se trata del No ejercicio de la Acción Penal por la prescripción de los hechos; sin embargo, los considerandos de dicha investigación fueron tomados como conclusiones o resolutivos, lo cual de ninguna manera corresponde a la realidad.

Lara señaló que la FGJCDMX ha esgrimido en diferentes ocasiones que basa sus actuaciones en indagatorias profesionales, objetivas y científicas, rigor en los protocolos periciales y una sólida integración de las carpetas de investigación.

“Hacer un señalamiento sin motivarlo y fundarlo, sería contravenir dichos principios. Construimos credibilidad por medio de la verdad, no encubrimiento a nadie ni ocultando información”, concluyó.

Se despliegan 1,250 elementos en Baja California, Guanajuato y Sonora

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional hacen del conocimiento que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política de cero impunidad del gobierno federal, el 4 de enero del presente año, 1,250 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, integrantes de la “Fuerza de Tarea Conjunta México”, se desplegaron en los estados de Baja California, Guanajuato y Sonora, para inhibir las actividades de la delincuencia organizada.

Los 1,250 efectivos castrenses arribaron a bordo de aeronaves pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana, para sumarse a los esfuerzos que realiza el personal militar y de la Guardia Nacional en esas entidades federativas en coordinación con las autoridades locales de los tres órdenes de gobierno, para revertir los índices delictivos y de homicidios vinculados al crimen organizado.

La misión principal de este personal es fortalecer el Estado de derecho y colaborar con las autoridades en la detención de integrantes de la delincuencia organizada, actuando en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos.

Entre las características del personal que integra la Fuerza de Tarea Conjunta México, se destaca su gran movilidad, flexibilidad y capacidad de despliegue, armamento, material, equipo y adiestramiento especializado con el que cuentan para diferente tipo de actividades, lo cual refuerza las operaciones interinstitucionales que se realizan en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, así como con autoridades estatales y municipales.

Con estas acciones el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal por continuar actuando en contra de la delincuencia organizada, atendiendo las necesidades que la sociedad demanda; así mismo, refrenda su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, garantizando la paz y seguridad de las y los mexicanos en el país.

Atender la salud de la derechohabiencia por encima de cualquier interés

En el nuevo Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) la derechohabiencia está en el centro de la discusión y atención; por ello, emprendimos una profunda transformación para fortalecer los servicios médicos y administrativos mediante acciones como el control de asistencia y permanencia del personal de salud durante la jornada laboral, afirmó el director general, Pedro Zenteno Santaella.

Resaltó que durante los recorridos por las unidades médicas del país hay una queja constante de derechohabientes respecto al ausentismo o incumplimiento de horarios de servicio por parte de algunos médicos, por lo que se establecieron medidas de registro de asistencia, tal como se realiza en todas las instituciones del sector Salud.

El objetivo es que todo el personal cubra sus horarios de trabajo para asegurar los servicios de salud que se brindan a la derechohabiencia. Es urgente redimensionar la vocación de servicio asumida al momento de incorporarse a la institución, remarcó.

La Dirección Normativa de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de Personal del instituto, reportó que en el último año se detectaron cinco mil 571 presuntas incompatibilidades de empleo de personal de la rama médica y paramédica, es decir, trabajan en dos instituciones y se empalman sus horarios; de estos casos, cuatro mil 744 corresponden a personal sindicalizado, lo que representa una falta de atención oportuna y de calidad a la población afiliada.

La derechohabiencia y la sociedad demandan una transformación en el instituto y ésta no es posible mientras haya corrupción; por ello, en cumplimiento a la instrucción y al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, las autoridades del Issste, con apoyo de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), trabajan de manera conjunta para que afiliados y servidores públicos del organismo gocen del pleno ejercicio de sus derechos humanos y, en especial, de la salud.

Los periodistas ejercen un papel de suma importancia

En el marco del día nacional de las personas periodistas en México, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde la de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, reconoce a todas y todos aquellos que ejercen la profesión del periodismo y la libertad de expresión en México.

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos reconocen el derecho a la libertad de expresión de todas las personas, por lo que las autoridades del Estado mexicano tienen la obligación no sólo de abstenerse de cometer cualquier acto que busque limitar o menoscabar la labor de las personas periodistas, sino también, emprender iniciativas desde los diferentes ámbitos de acción, para fortalecer su protección y consolidar una cultura de garantía a sus derechos humanos.

Es importante reconocer que, el libre ejercicio de la actividad periodística en los estados democráticos permite construir y fortalecer el debate y la opinión pública. La función de las y los periodistas requiere de medidas de prevención que les permitan ejercer sus derechos eficazmente y evitar que sean objetos de amenazas o situaciones que pongan en peligro sus derechos como la vida, integridad y seguridad.

El Gobierno de México refrenda el compromiso de trabajar para proteger el ejercicio de la labor de las personas periodistas para que pueda desarrollarse con absoluta libertad y seguridad, y reconoce que hoy más que nunca juegan un papel de suma importancia para el desarrollo democrático del país.