La minería ha erosionado los derechos humanos en países de América Latina

En México y otros países de América Latina las empresas mineras han fracturado y erosionado los derechos humanos, a grado tal que se ha naturalizado la violencia para doblar y disciplinar la resistencia ciudadana y en algunos casos se han impuesto aprovechando los vacíos legales persistentes en la región, coincidieron especialistas en la presentación del libro Minería en México: panorama social, ambiental y económico.

El texto –coordinado por la doctora Aleida Azamar Alonso, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), e Isidro Téllez Ramírez, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)– ofrece un análisis e investigaciones sobre la situación que ha generado la minería en el país y advierte del incremento de los problemas sociales en las últimas décadas.

México ha concesionado 36 millones de hectáreas, lo que ha generado confrontaciones o conflictos ambientales en varias de esas zonas.

“Aunque el presente gobierno no ha dado más concesiones –como se reconoce en el libro– de 2006 a 2018 fueron extraídas unas mil toneladas de oro”, destacó en sus comentarios el maestro Eduardo Gudynas, investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social, Uruguay.

“El texto tiene nueve capítulos que van desde lo ambiental hasta lo económico, aborda el ámbito internacional, nacional y regional, cubre el aspecto de la ecológica, la sociología, aborda conflictos políticos y da una amplia mirada interdisciplinaria con mapas interesantes”, apuntó.

Aleida Azamar, quien moderó la presentación realizada en el Centro de Difusión Cultural Casa Rafael Galván, destacó que los autores del libro están preocupados por las precarias condiciones sociales y ambientales donde existen emplazamientos mineros y se ha detonado la explotación laboral.

“El territorio concesionado a la minería equivale al área del estado de Chihuahua; a partir de los años noventa del siglo pasado se han reformado ordenamientos legales y en la ley se declara a la minería como actividad pública que la pone por encima de las agrícolas y pecuarias de las comunidades”, apuntó la investigadora.

La docente del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco criticó la duración de las concesiones mineras, que aumentó de 25 a 50 años, tiempo que puede prorrogarse por otro medio siglo, además de que el precio que pagan las empresas es de ocho pesos por hectárea, cantidad que contrasta con las altas ganancias que obtienen.

Simplemente la extracción en Zacatecas, estado minero por excelencia, de la empresa Peñasquito, de capital canadiense, asciende a mil toneladas, por lo que para explotar esa cantidad requiere de una infraestructura especial con camiones que cargan varias toneladas; sin embargo, la minería aporta menos de uno por ciento del Producto Interno Bruto nacional y sólo genera 300 mil empleos directos y contribuye entre el 0.32 al 0.50 por ciento de la recaudación fiscal.

En la mayoría de las comunidades donde empresas extraen minerales hay una gran pobreza, carecen de drenaje y de agua potable.

“El sector minero es tan poderoso a nivel mundial por su tamaño económico –que genera casi dos billones de dólares al año–, que se impone a los gobiernos de nuestros países”, concluyó la académica.

Eduardo Gudynas refirió que la introducción del libro resulta útil para tener una mirada de la minería en México, pues relata una dinámica muy parecida a la que se ha vivido desde la colonia en los demás países y que se mantuvo hasta fines del siglo XX, “aunque ha habido un salto sustancial en las últimas décadas”, señaló el activista social.

“En los demás países hay también esa proclama de los gobiernos de que se necesita la minería para el crecimiento económico” y se vive esa dicotomía entre una minería que es muy rentable desde el punto de vista corporativo que se inserta en comunidades y regiones con población muy pobres.

Los emprendimientos mineros son concesionados a empresas transnacionalizadas con capital canadiense y chinas, “mediante ese proceso se da una apropiación de los recursos que se concatena con los cambios tecnológicos en la minería a cielo abierto, proceder extractivo ha causado una diversidad y crecientes conflictos comunitarios”.

La reconversión energética en marcha que origina una demanda importante de litio para las baterías de países industrializados provoca una demanda del mineral, “pero también está inmersa una competencia entre China con el bloque de Estados Unidos y la Unión Europea para acceder a las fuentes de litio”.

En el texto se indica la incertidumbre de cuánto litio hay en los yacimientos, del volumen que se puede explotar y de la disputa de los mercados para adquirir esas concesiones, en un espacio con un fuerte componente de especulación financiera a nivel internacional.

La dimensión comercial vinculada con nuevos pactos verdes para hacer la transición energética debe generar el debate sobre los alcances de este tipo de iniciativas, pues esos proyectos consideran como segura la provisión del litio de países emergentes, entre ellos Chile, Perú, Argentina, Bolivia y México; “de ahí la importancia para que desde el sur se dé la reflexión urgente de cuál es la reconversión energética y el papel de la tecnología del litio”, finalizó.

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