La Aldea en breves

Desde su área jurídica, Conagua refuerza la defensa del agua y sus bienes públicos inherentes

Como parte del fortalecimiento de la gestión integral del agua, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se ha fortalecido en materia jurídica, con el fin de alcanzar mayores éxitos en la defensa legal de los recursos hídricos y sus bienes públicos inherentes.

Entre los casos más emblemáticos que se llevaron en 2022 está el relacionado con el humedal artificial San Salvador Atenco, en el Estado de México, en el cual la Subdirección General Jurídica participó en la obtención de los cuatro terrenos y las cuatro parcelas que sirvieron de base para la obtención de la licencia del uso de suelo, del Plan de Desarrollo Municipal de Atenco, cuyo objetivo es cumplir con el artículo 62 de la Ley General de Bienes Nacionales.

En materia de cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, durante 2022 se recibieron un total de 3 mil 460 solicitudes de acceso a la información y se llegó a un nivel de eficiencia de respuesta del 98%.

Así, luego de la verificación llevada a cabo por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Conagua obtuvo 100% del índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia.

Asimismo, en coordinación con las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, se ha trabajado en la atención a los tres casos aceptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, proporcionando acciones en las problemáticas de los mineros de Cananea y el pueblo Yaqui, ambos en Sonora, así como un conflicto limítrofe entre Jalisco y Colima.

En materia jurídica, Conagua ratifica el compromiso de cumplir cabalmente con la normatividad de manera tal que se logren los mejores resultados en favor de los recursos hídricos y el desarrollo de México.

Piden castigar con cárcel a quien limite el libre ejercicio de cargos públicos a jóvenes y adultos mayores

El diputado Salvador Alcántar Ortega (PAN) propuso reformar el artículo 149 Ter del Código Penal Federal para sancionar con prisión de uno a tres años, o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa, a quien niegue o restrinja el libre ejercicio a cargos públicos de representación popular en razón de edad, ya sea por juventud o vejez.

La propuesta, signada por integrantes de su grupo parlamentario, establece que no se considerará discriminación para los efectos de esta fracción las determinaciones realizadas por las instituciones del Estado, los partidos políticos y funcionarios partidistas en el ejercicio de atribuciones legales y procedimientos electivos regulados por la ley y la normatividad interna correspondiente.

La exposición de motivos de la iniciativa que fue turnada a la Comisión de Justicia señala que el objetivo es que personas adultas mayores y jóvenes tengan un artículo bajo el cual puedan ampararse en caso de sufrir discriminación en cargos de poder.

Afirma que la edad no debe ser limitante para ejercer de manera libre la función que se le atribuya a una persona, por lo que se debe sancionar a quien atente en contra del libre desempeño del puesto. “De esta manera se fomentan prácticas saludables dentro del ejercicio público”.

Refiere que, de acuerdo con datos de la Unión Interparlamentaria (UIP), el 57 por ciento de la población mundial que puede votar oscila entre los 20 y los 44 años, pero este rango de edad solo tiene el 26 por ciento de representación en los parlamentos.

Indica que históricamente la política ha sido considerada como un espacio de toma de decisiones de hombres con experiencia, al considerar los conocimientos “como sinónimo de edad, pero irónicamente las personas de la tercera edad ocupan también un porcentaje bajo de representación”.

Además, estas poblaciones se enfrentan a la posibilidad de discriminación en razón de edad, lo que impide el pleno desarrollo de sus atribuciones al ejercer un cargo político. “Por ello, legislar a favor de erradicar cualquier tipo de exclusión es importante para encaminar a la sociedad mexicana a un lugar más justo e igualitario”.

Por ello, el diputado Alcántar Ortega se pronunció por adoptar medidas favorables en razón de edad para involucrar cada vez más a los grupos menos representados en los parlamentos y cargos de poder, ya que “de esta manera se fortalece la democracia al incluir a un porcentaje de cada sector y la diversidad nos permite tener perspectivas más amplias sobre distintas problemáticas”.

Celebra MC la publicación del decreto de vacaciones dignas en el DOF

El Grupo Parlamentario de MC celebró la publicación del decreto de vacaciones dignas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para duplicar de 6 a 12 los días continuos de descanso el primer año laboral.

Mediante un comunicado, la bancada indicó que esta nueva legislación entrará en vigor el 1 de enero de 2023 y beneficiará a 22 millones de personas trabajadoras en el país.

La fracción parlamentaria recordó que presentó esta iniciativa, a través de la senadora Patricia Mercado Castro, en el Senado y el diputado Sergio Barrera Sepúlveda, en San Lázaro, junto a diversas organizaciones para reconocer los derechos laborales que por décadas fueron ignorados.

Destacó que la aprobación es el resultado del trabajo con la sociedad organizada que impulsó dicha iniciativa para saldar una deuda histórica de más de 50 años en materia de derechos laborales.

«Además, reconocemos el consenso con los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, organismos empresariales y sindicales que hizo realidad este decreto», añadió.

El Grupo Parlamentario refrendó su compromiso con defender e impulsar causas ciudadanas.

«Lograr que las personas trabajadores dispongan de más días de vacaciones es un logro de las y los trabajadores, y de la sociedad civil que nos permitió acompañarla», concluyó.

Fortalece Senado derechos laborales y de seguridad social de la clase trabajadora

En materia laboral y por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó reformas que atienden demandas históricas de la clase trabajadora, durante el Periodo Ordinario de Sesiones que concluyó el pasado 15 de diciembre.  

Uno de estos proyectos, es el de Vacaciones Dignas, por el que se modifican los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, que amplía de seis a 12 días el periodo de descanso de los trabajadores, desde el primer año laboral.

De este modo, se establece que dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora, pueda ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera.   

Además, las modificaciones serán aplicables a los contratos individuales o colectivos de trabajo vigentes a la fecha de su entrada en vigor, cualquiera que sea su forma o denominación, siempre que resulten más favorables a los derechos de las personas trabajadoras.

El proyecto dispone que “las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a doce días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a veinte, por cada año subsecuente de servicios”.  

A partir del sexto año, agrega, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios. 

Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, aseguró que con la aprobación de esta reforma el Senado mexicano hizo historia, ya que con ello se honró a las y los trabajadores de México.

Esta reforma se trata de “un derecho adquirido” de las y los mexicanos trabajadores, afirmó el senador.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, dijo que la clase trabajadora debe contar con prestaciones justas, por lo que la ampliación de las vacaciones “es una deuda que desde hace tiempo tenemos con los trabajadores”.

Dijo que la reforma se trata de un hecho histórico, un evento de justicia para la clase trabajadora, ya que este tema no se había modificado en más de 50 años. 

Por otro lado, las y los senadores también aprobaron un dictamen para derogar de las leyes del IMSS y del ISSSTE los supuestos normativos que condicionan, por razones de edad y duración del lazo matrimonial, la obtención de la pensión por viudez.

Con los cambios se buscó eliminar las barreras que permanecen en la legislación y que legitiman la violación de los derechos fundamentales de las personas, en este caso, de quienes poseen el derecho de acceder a una pensión de viudez, como son las esposas o concubinas de trabajadores fallecidos.  

El documento aprobado por unanimidad deroga la fracción II del artículo 132 de la Ley del Seguro Social y la fracción II del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

Dicha iniciativa fue impulsada por el senador Ricardo Monreal Ávila, quien en su momento indicó que la seguridad social es una necesidad con la que deben contar todas las personas, pues con ella se garantiza el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y servicios sociales indispensables para el bienestar individual y colectivo, incluyendo la protección en caso de viudez por medio de una pensión.

Por unanimidad, el Senado también aprobó una minuta para asegurar el acceso y disfrute a la protección social, servicios y prestaciones a las personas cónyuges y concubinas del mismo sexo, de quienes se encuentran aseguradas o asegurados en el IMSS e ISSSTE.  

En el dictamen se estableció que la redacción de estos ordenamientos es restrictiva, pues excluye como beneficiarios de la seguridad social a aquellos cónyuges o concubinarios del mismo sexo.  

Por tal motivo, los cambios proponen introducir, en ambas leyes, un término genérico como el de “cónyuge”, para terminar con la discriminación de la que son objeto, los matrimonios del mismo sexo, en el ejercicio de su derecho a la protección social. 

En esta materia, Ricardo Monreal ha asegurado que los derechos de todas y todos deben ser respetados, por lo que desde el Senado se trabaja por un México más inclusivo.

Para poder ampliar y profundizar el proceso de cambio en nuestro país, es necesario dar pasos decididos hacia una agenda progresista, que destierre la discriminación, la violencia y toda acción en contra de la comunidad LGBTIQ+, asentó.

Promueven legislación para aprovechar residuos alimenticios

Senadoras y senadores de diversos Grupos Parlamentarios, a través de una iniciativa, proponen impulsar una política nacional de aprovechamiento y rescate de los residuos de alimentos que sean susceptibles de consumo humano.

De este modo, se busca alcanzar el máximo aprovechamiento de los alimentos que se producen, para beneficio de la sociedad, sobre todo para la población más vulnerable. 

La propuesta que reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Desarrollo Social, plantean la recuperación de residuos de alimentos seguros.

Para ello, plantearon establecer un Programa Nacional de Prevención de Generación y Aprovechamiento de Residuos de Alimentos.

El objetivo fundamental de la propuesta, precisaron, es el de prevenir pérdidas de residuos alimenticios, mediante la planeación adecuada de la producción agrícola nacional, y a través del adecuado rescate de los residuos de alimentos, para que éstos sean aprovechados por la población.

Señalaron que el desperdicio de alimentos se genera por falta de aprovechamiento útil, lo que significa que no se trata de basura. 

De este modo, es que establecieron el concepto “Consumo humano seguro”, que es la condición de un alimento que, independientemente de la fecha de caducidad establecida por el productor, no se encuentra contaminado, putrefacto o descompuesto, y es susceptible de ser consumido por una persona sin causar daños a su salud.

También proponen la construcción de infraestructura destinada al almacenamiento, conservación y distribución de los residuos de alimentos susceptibles de consumo humano seguro, los cuales provendrán de gestores, pequeñas, medianas y grandes empresas, grandes productores, mercados públicos, así como de bancos de alimentos y centrales de abasto.

Indican que los grandes productores, las grandes empresas de productos y servicios de alimentos, así como las centrales de abastos estatales, deberán incluir en su plan de manejo de residuos, acciones tendientes en esta materia como:

La donación de alimentos y otros tipos de redistribución para consumo humano seguro; la transformación de los productos que no se han comercializado, pero que siguen siendo aptos para las personas, entre otros productos alternativos; la alimentación animal; su uso como subproductos en otra industria; la obtención de composta; la obtención de biogás o de combustibles. 

También establecen que los productores, las empresas de productos y servicios de alimentos, así como los locatarios de las centrales de abastos y mercados públicos, que donen sus residuos de alimentos a los bancos de alimentos, se les podría otorgar un estímulo fiscal consistente en una deducción adicional, por un monto equivalente de hasta del 15 por ciento del costo de lo vendido que hubiera correspondido a dichos alimentos.

La propuesta enviada a las comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos, fue suscrita por senadoras y senadores de Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PVEM, PVEM y del Grupo Plural.