El atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva es preocupante puesto que el periodista no había sido amenazado, por tanto la autoridad debe investigar a fondo para determinar la motivación y los autores de la agresión, afirmó la doctora Perla Gómez Gallardo, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En entrevista, refirió que hace dos décadas inició un escenario alarmante de asesinatos y desapariciones de periodistas, que inicialmente ocurrió en el norte del país contra un sector de reporteros jóvenes que indagaban con osadía algún tema que los ponía en riesgo.

El asesinato del emblemático periodista de investigación Javier Valdez consternó a la sociedad, porque no se había tocado a profesionales que tuvieran una trayectoria tan amplia, además que anteriormente la resonancia era muy focalizada, lo cual ponía en mayor vulnerabilidad al gremio, que escaló en un principio de agresiones, a desapariciones, homicidios y después ataques con granadas a los medios de comunicación.

En el caso particular de Gómez Leyva “se está convirtiendo en un parteaguas, pues se trata de una de las voces más escuchadas de la radio y los demás medios donde participa”, precisó la académica del Departamento de Estudios Institucionales de la Unidad Cuajimalpa.

El periodista refirió que inicialmente se negó a aceptar un vehículo blindado frente a amenazas anteriores, aunque fue el vehículo lo que le salvó la vida en este intento de asesinato.

“Por la notoriedad del personaje el asunto fue atendido directamente por el secretario de seguridad de la Ciudad de México, si bien así debiera ser en cualquier caso de agresión por lo que implica el ejercicio periodístico”, anotó.

Si bien no se concretó el crimen, queda la preocupación de que se estén realizando este tipo de actos en la capital, como el ocurrido en la colonia Narvarte, donde el asesinato de una defensora de los derechos humanos y un fotoperiodista rompió una regla no escrita de que la ciudad era un oasis que daba cierta tranquilidad al gremio.

“Ahora que a este nivel de notoriedad se haya llevado a cabo esta situación obliga a la autoridad a actuar con claridad y oportunidad, y no como pasa con la mayoría de los casos en los que a veces sólo se detiene al autor material, pero no se agotan las líneas de investigación para llegar a la autoría intelectual”, abundó la especialista en temas de rendición de cuentas y corrupción.

El hecho de que Gómez Leyva no haya recibido amenazas llama la atención, porque desafortunadamente algo que siempre ha estado presente en estos casos es la intimidación, como le ha pasado a Héctor de Mauleón, a quien le han mandado fotografías de balas como estrategia intimidatoria para generar inestabilidad emocional.

Cuando les ha sido ofrecido contar con escoltas los integrantes del medio periodístico han señalado que entorpece su labor, además que no debiera tener necesidad de traer ese tipo de acompañamiento, “aunque lo sucedido cruzó otra línea más en la gravedad de estos actos”.

Cuando se dieron estos fenómenos en el sexenio de Vicente Fox no existían los protocolos, por lo que más adelante se crearon las fiscalías especiales, que desafortunadamente sólo acumularon expedientes que a la fecha siguen sin tener un indicio de probable responsable, mientras en la administración de Enrique Peña Nieto y al inicio de la gestión actual por primera vez empezaron a aplicar medidas de protección a defensores de derechos humanos y a periodistas.

“Preocupa que en el presente sexenio se están desmantelando los fideicomisos sin que haya un diagnóstico o revisión integral; ya se quitaron los de ciencia y tecnología, los de cine, también desaparecieron el de apoyo a defensoras, defensores y periodistas, aunque en el caso Gómez Leyva no estaría bajo el protocolo de protección por no haber recibido amenazas”, agregó.

El periodista tiene una incidencia mayor que si estuviera en otro estado de la República, “por el momento hay que tener prudencia, no se debe politizar, claro que hay una exigencia a las autoridades más allá del color o del nivel de gobierno, por lo que será importante que se dé claridad en este tema”, subrayó la investigadora.

Gómez Gallardo cuestionó si se hubiera concretado el atentado “a qué nivel estaríamos llegando, quién tendría las condiciones mínimas para ejercer en sus términos y con sus críticas acorde con su estilo y línea editorial, si bien desconcierta el modus operandi, pues la víctima reconoce que no fue amenazado”.

Por tanto, “es necesario estar atentos sobre lo que le toca hacer a la autoridad, la exigencia y la indignación es social, no es por quien es, sino por la función que cumple y la incidencia y notoriedad como periodista, pues se está rebasando una línea que tristemente cada vez que revisamos la libertad de expresión lejos de los riesgos para su ejercicio son cada vez mayores”.

Así, “hay que estar atentos a lo que la autoridad determine y sobre las decenas de carpetas de investigación que siguen esperando una respuesta clara y que se rompa esa regla de que en México no cuesta nada matar a un periodista”, finalizó.