Plan B de la reforma electoral del gobierno puede cambiar estructura del INE: investigador de la UAM

Ante la dificultad de lograr la aprobación de la reforma constitucional en materia electoral en la Cámara de Diputados, el plan B del gobierno de Andrés Manuel López Obrador propone modificar muchos de los elementos estructurales del Instituto Nacional Electoral (INE), como fusionar direcciones y cambiar criterios, sostuvo el doctor Víctor Manuel Alarcón Olguín, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Si bien no puede cambiar el nombre del instituto, habría un proceso igual de complicado e inquietante por cuanto a las condiciones que el modelo electoral presenta, con lo que el INE saldría afectado en muchos de sus criterios, tales como la forma en que la instancia reparte los recursos asignados, abundó el profesor del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa.

La reforma puede cambiar su estructura a nivel de direcciones ejecutivas, fusionar o modificar dinámicas operativas que el INE había articulado con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), reorganizar muchas de esas capacidades de asunción, delegación y compartición de responsabilidades, así como modificar acuerdos, lineamientos y remuneraciones, un tema que le interesa al presidente y a sus aliados.

“Con el plan B se forzará al INE para que reduzca sustancialmente lo que los críticos del organismo han ubicado como áreas problemáticas, tales como fideicomisos y fondos de recursos detectados por la controlaría en los que se sospecha que se hubieran generando presuntas conductas inadecuadas”, precisó el investigador.

Pero lo complicado es ver hasta dónde estos temas que se impulsan podrían tener efectos no sólo a nivel de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino también en las condiciones de la competencia que afectaría a la Ley General de Partidos Políticos.

El plan podría cambiar las formas en que los partidos políticos se presentarán para hacer alianzas y coaliciones, lo cual sería un elemento que ataque las condiciones mismas de la oposición para competir en 2024 y más adelante. “La cancha puede ser muy alterada y el árbitro mismo puede ser disminuido en sus facultades a través del reglamento de elecciones”, indicó Alarcón Olguín.

Para el investigador, también afectaría al servicio profesional electoral, con lo cual puede darse la salida de mucho personal que hasta ahora ha tenido la experiencia para desarrollar de manera adecuada tramos significativos de las elecciones.

“El hecho de que tentativamente se fijen nuevas reglas para modificar en forma sustancial la elección de los cuatro consejeros que saldrían en abril del próximo año, generaría un sesgo de dados cargados, en la medida de cambiar la participación de los organismos del Estado –INAI y la CNDH– y el Legislativo en la designación de los consejeros electorales”.

El especialista en temas electorales y partidos políticos dijo que llama la atención que la reforma electoral surja del Ejecutivo Federal, porque quien pone las luces rojas sobre la falta de un clima de confianza es la oposición. “El presidente, en una situación extraña, denuncia que no tiene confianza en un organismo, y eso nos debe interesar”.

Con una reforma en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el Tribunal Electoral puede verse afectado sobre causales de nulidad, tipificación de delitos electorales, que van junto con la Ley de Derechos Electorales que afecta a la fiscalía especializada, pero además hay otras afectaciones que trascienden al INE y que complementan el modelo con el cual opera el sistema electoral, precisó el investigador.

“Una reforma tan compleja llevaría un ejercicio que honestamente vería muy precipitado, pues el término del periodo de sesiones de la Cámara está cerca, por lo que faltaría un proceso de amplia discusión y legitimación sobre lo que la propuesta conlleva, si bien podemos asumir que la administración y la coalición gubernamental están trabajando en ese escenario”.

Pero por los tiempos y por la manera en que el proceso se estaría presentando, es claro que no se lograría un debate, a menos de que fuera una situación de “fast track”, “pero lo adecuado sería discutir el tema en un parlamento abierto”, propuso el especialista.

Para una reforma tan compleja, que implicaría afectar los cuatro ordenamientos electorales y algunos más como los temas de financiamiento, comunicación y fiscalización obligan a ver cuestiones en el ámbito bancario y hacendario, de ahí la necesidad de que la discusión no pueda ser precipitada.

“Si bien puede ser un deseo legítimo del presidente construir un sistema electoral que cueste menos, me parece que la idea de guiarse con un criterio estrictamente económico puede lograrse hasta cierto punto, pero no puede pasar si los propios partidos políticos no enfrentan adecuadamente estos temas para crear el ambiente de confianza desde el cual se pueda competir en las elecciones”.

Alarcón Olguín recordó que hace 35 años el planteamiento era tener elecciones confiables y un reclamo democrático, un sistema que garantizara plenamente la autonomía y que diera certeza a los participantes de que las autoridades electas eran resultado de la voluntad popular, con sufragios que se hubieran contado bien.

La movilización del domingo pasado –dijo– es una respuesta, que no se había tenido durante el sexenio, al desafío que fue leído por el presidente como un reto que él tenía que contestar de alguna forma. El control de las calles, del discurso y de la agenda se vieron tocados o amenazados.

“El presidente reaccionó, no tanto en la orientación que hubiera sido deseable con sensibilidad, más flexibilidad y a la vez de reconocer la importancia de crear un ambiente propicio para las próximas elecciones en Coahuila, el Estado de México y la de 2024”, declaró.

La discusión en el pleno de la Cámara de Diputados del proyecto aprobado en comisiones de la iniciativa de reforma constitucional será un debate largo, porque la iniciativa presidencial, de un documento de 80 páginas pasó al final a un texto de casi mil páginas.

En torno al proceso electoral presidencial para el año 2024, el profesor consideró que hay puntos de tensión. El método planteado en los estatutos de Morena para definir candidato es a través de encuestas, las cuales son un elemento riesgoso y un instrumento muy subjetivo que depende de las condiciones de las encuestadoras, por lo que deberá ser cotejado y quienes participen en ese filtro tendrán que demostrar científicamente que los instrumentos para esos levantamientos correspondan a criterios con exigencias mínimas.

“De no cumplirse con esas premisas, sería un claro ejercicio de simulación y una versión más sofisticada, pero que responde al proceso clásico del cual el presidente no parece alejarse tanto en sus valores y cultura política, su formación desde la cultura priísta del dedazo, ahora sería un dedazo técnico”, puntualizó el miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II.

Con una autoridad electoral debilitada que pudiera verse alterada en sus elementos funcionales, este sería un aspecto que se sumaría al entramado electoral.

Además, hay que considerar el proceso de conformación de un frente opositor, el cual por el momento se ve con Unidos por México, con el PRI, PAN y PRD, partidos que van con sus propias mecánicas y estatutos, primero harán sus consultas internas para después integrar una coalición.

En este proceso, Movimiento Ciudadano ha optado por ir en solitario para desmarcarse y presentarse como una opción más fresca, los resultados no les han sido desfavorables al ganar la gubernatura de Nuevo León con Samuel García, pero por el momento no podrían generar una inquietud importante para el gobierno.

También se debe esperar el resultado interno de Morena, si realmente quienes no fueran favorecidos –Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal– pues todo indica que quien va a la punta es Claudia Sheinbaum, se disciplinan o como se ha especulado deciden ser el candidato opositor, pero con partidos con una imagen muy disminuida.

“La otra opción es de ruptura, muy plausible, que pudiera darse con el Partido Verde y el Partido del Trabajo que estuvieran interesados en construir con Movimiento Ciudadano un tercer polo de candidatura que no llevaría los negativos del PRI-PAN-PRD. Eso le permitiría a Monreal o a Ebrard estar en una postura menos complicada, pero crítica, para usar el discurso retórico de la cuarta transformación, es decir, que somos el lado correcto y la opción incorrecta sería Sheinbaum”, finalizó.