Aprueba Senado la Ley de Ingresos de la Federación y reformas a la Ley Federal de Derechos

Con 65 votos a favor, 44 en contra y dos abstenciones, el Senado de la República aprobó, en lo general y los artículos no reservados del dictamen que crea la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2023.

Alrededor de la 1:45 horas, con 62 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, el Senado aprobó en lo particular la Ley de Ingresos de la Federación, en la que autorizan una deuda por 1 billón 170 mil millones de pesos, para el 2023.

El dictamen con proyecto de decreto prevé ingresos por un total de ocho billones 299 mil 647.8 millones de pesos para el siguiente año. 

En el proyecto se estima un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de tres por ciento para el siguiente año; un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar y una plataforma de producción de petróleo crudo, en mil 872 miles de barriles diarios, con un precio ponderado acumulado del petróleo crudo de exportación de 68.7 dólares por barril. 

También, autoriza al Ejecutivo Federal, mediante las referidas formas de ejercicio del crédito público, para obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta cinco mil 500 millones de dólares. 

El documento no incluye nuevos impuestos ni aumentos a los vigentes, lo que atiende los supuestos del marco macroeconómico, así como a las estimaciones de ingresos y gastos previstos en el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2023.

Del estimado recaudado, cuatro billones 623 mil 583.1 millones de pesos corresponde a los ingresos del Gobierno federal por impuestos; 470 mil 845.4 millones a Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social; 34.6 millones a Contribuciones de Mejoras; 57 mil 193.0 millones a Derechos; seis mil 543.6 millones a Productos y 173 mil 554.2 millones a Aprovechamientos.

Además, un billón 303 mil 977.5 millones de pesos por Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos; 487 mil 742.6 millones por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y un billón 176 mil 173.8 millones a Ingresos Derivados de Financiamientos. La estimación de la recaudación federal participable será por un monto de cuatro billones 443 mil 267.6 millones.

En la discusión del dictamen, César Cravioto Romero, senador de Morena, aseveró que Andrés Manuel López Obrador, además de ser el mejor Presidente de los últimos años, resultó ser mejor financiero y administrador de los recursos públicos que muchos personajes que estudiaron en el extranjero. Además, destacó que el peso ha ganado valor frente al dólar y otras monedas.

Por Acción Nacional, la senadora Minerva Hernández Ramos expresó que los análisis técnicos de instituciones apartidistas corroboran que el Gobierno de López Obrador ha generado más pobreza, menor bienestar económico y mayor desigualdad, “los años pasan y las oportunidades de corregir el rumbo se siguen desperdiciando”.

El senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, señaló que en la propuesta no hay ningún estímulo para las micro, pequeñas o medianas empresas; lo que queremos, dijo, es que esto cambie, pero se ve que continuaremos con las obras públicas, pero ahora costeadas por deuda.

El senador Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que esta Ley de Ingresos está sobrestimada, pues plantea un crecimiento que no es posible, de acuerdo con diversas estimaciones. Ante la falta de recursos, el legislador advirtió que se cometerá “terrorismo fiscal” contra los pequeños y medianos contribuyentes.

Por el Grupo Plural, el senador Gustavo Madero Muñoz señaló que la administración actual no ha tenido la capacidad de acertar en el crecimiento que ha proyectado en cada Ley de Ingresos. Además, dijo que el aumento del PIB que calculó el Ejecutivo no se obtendrá sino hasta el 2030. 

A su vez, el senador Ovidio Salvador Peralta Suárez, de Morena, afirmó que la oposición desea que le vaya mal a México; sin embargo, subrayó que la recaudación se encuentra por encima de lo previsto, ya que, al segundo trimestre del 2022, los ingresos presupuestarios sumaron tres billones 305 mil 119 millones de pesos, 159 mil millones más de lo previsto.

En tanto, el senador de Félix Salgado Macedonio, de Morena, asentó que los estímulos del actual gobierno se entregan a jóvenes, adultos mayores y a la población rural, a través de los programas sociales, pues ya no hay “condonación de impuestos”.  

Su compañera de bancada, Lucía Meza Guzmán, indicó que los ingresos que se calculan para el próximo año son realistas y viables, a pesar de que se vive un entorno mundial extremadamente complejo, ante el cual, “este Gobierno no ha actuado ni actuará irresponsablemente y tampoco dejará deudas mayores e inmanejables”.

Julen Rementería del Puerto, coordinador de la bancada de Acción Nacional, aseveró que el Ejecutivo federal está gastando más de lo que tiene, además de que lo invierte mal, pues no hay crecimiento económico. El legislador denunció la falta de transparencia, la opacidad y la corrupción, lo cual causa un endeudamiento irresponsable. 

El senador José Ramón Enríquez Herrera, de Morena, aseguró que la Ley de Ingresos es objetiva y responsable, lo que se debe gracias a que este Gobierno tiene un “rostro humano”. Además, dijo que la ciudadanía debe saber que la mayor recaudación fiscal se traducirá en una mejor distribución de los recursos a través de programas sociales.

Posteriormente, 27 senadoras y senadores de diversas fracciones parlamentarias presentaron reservas al proyecto, de las cuales ninguna fue admitida, por lo que el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Avalan reformas a la Ley Federal de Derechos

Con antelación, la Cámara de Senadores aprobó las reformas la Ley Federal de Derechos, que buscan actualizar y adecuar los montos de derechos que se cobran por la prestación de servicios de las dependencias.

El dictamen se aprobó en lo general con 65 votos a favor, 42 en contra y dos abstenciones; y en lo particular, el documento fue aprobado con 64 a favor, 40 en contra y dos abstenciones, por lo que fue enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Incluye diversos beneficios fiscales dirigidos a sectores o grupos de personas en situación de vulnerabilidad que, por su condición, son considerados sujetos de protección y salvaguarda del Estado. 

Además, plantea reformas que permiten dar continuidad a la política tributaria en las materias consular, migratoria, aduanera, educativa, cultural, aeronáutica, ferroviaria y marítima.

También actualiza las disposiciones aplicables al uso, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público de la Nación, como es el caso de la zona federal marítimo terrestre y del espectro radioeléctrico, las cuales están encaminadas a proporcionar una mejor prestación de los servicios públicos, y conceder el uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio público en las mejores condiciones.

De igual forma, se incluyen diversas modificaciones con el fin de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades de las personas con discapacidad, para asegurar su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

El dictamen precisa que las personas extranjeras que soliciten la visa de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, cuando sean consideradas víctimas o acrediten ser familiares de personas extranjeras desaparecidas en territorio nacional, o por causas humanitarias, quedan exentas del pago de este documento.

Establece una cuota menor en los trámites de expedición de visas ordinarias que se soliciten a través de medios electrónicos. Por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la autorización de visas por unidad familiar u oferta de empleo, que se tramiten ante el Instituto Nacional de Migración, se pagará el derecho conforme a la cuota de 219.07 pesos.

También se considera incorporar una exención en favor de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en pro de la defensa de su patrimonio cultural y privilegiarles el acceso a los mecanismos de defensa para exentar del pago de derechos por la interposición del escrito de queja, audiencia inicial y demás subsecuentes que se desarrollen dentro del procedimiento de avenencia previsto en la Ley Federal de Derechos de Autor.

Con el objetivo de salvaguardar y proteger la diversidad cultural e identidad de los pueblos y comunidades indígenas, contempla el beneficio consistente en la exención del pago de derechos por el otorgamiento del Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN, por sus siglas en inglés), a las reproducciones que se efectúen en cualquiera de las lenguas indígenas nacionales, previstas en el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales.

Además, se define un nuevo esquema para el cobro del derecho por el uso del espectro radioeléctrico por los enlaces multicanales de microondas entre dos estaciones terminales para servicios públicos o privados de señales de telecomunicaciones, recurriendo para ello a la experiencia internacional y considerando los cobros de usos iguales y similares de enlaces.

Las y los senadores coincidieron en que las cuotas de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento del espectro radioeléctrico respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, se mantengan durante el Ejercicio Fiscal de 2023, a los valores del año 2022, con la finalidad de no generar presiones adicionales en los precios en el mercado, así como proteger la economía de los hogares menos favorecidos. 

Para beneficiar a la población estudiantil, el registro de título y expedición de cédula profesional de nivel técnico y profesional técnico, emitidos por las Instituciones del Sistema Educativo Nacional que imparten educación del tipo medio superior, mantiene una reducción del 70 por ciento.

La senadora del PAN, Gina Andrea Cruz Blackledge, dijo que con la propuesta del Ejecutivo sobre la Ley Federal de Derechos aumentará precios de pasaporte, visas para extranjeros, entrada a algunos espacios culturales, operación de telefonía móvil, trámites migratorios, entre otros servicios; lo que aumentará los cobros reales a combustibles y alimentos: eso “evidencia a un gobierno insensible y voraz que deja en la carencia a millones de mexicanos”.

Elí César Eduardo Cervantes Rojas, senador de Morena, dijo que el proyecto coadyuvará a continuar con la política tributaria migratoria, aduanal, de infraestructura, ferroviaria, marítima, cultural, entre otros; además de que los pueblos originarios serán exentos de pago de derechos de autor, a fin de que accedan a mecanismos de defensa de su patrimonio y de difusión de sus lenguas, con lo que se acortará la brecha de desigualdad.

También de Morena, la senadora Gabriela López Gómez enfatizó que este dictamen promueve la solicitud de visas por medios electrónicos, un beneficio para el servicio, el cual generará un precio menor al momento de realizar el trámite de manera presencial, además cumple con la actualización de redacción de acuerdo de los derechos a los infantes.

El senador del PRD, Antonio García Conejo, expresó que con esta reforma se autorizará mayor endeudamiento por parte del Ejecutivo federal, de hasta un billón 170 mil millones de pesos, es decir, se le otorgaría “un cheque en blanco”. 

Por Morena, el senador Ricardo Velázquez Meza, manifestó que el desarrollo de la política fiscal y tributaria de México mantiene cambios históricos, pues nunca se había observado una política en esta materia tan cercana a la gente, con la idea de beneficiar a los que menos tienen.

El senador Damián Zepeda Vidales, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN; Manuel Añorve Baños, Claudia Edith Anaya Mota, del PRI; la senadora Lucía Meza Guzmán y el senador César Arnulfo Cravioto Romero, de Morena. 

Así como Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT; Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD; Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano; y Rogelio Israel Zamora Guzmán, del PVEM, presentaron reservas para modificar diversos artículos del dictamen, pero no fueron aceptadas por la Asamblea.

Finalmente, las y los senadores aprobaron, en votación económica, una propuesta de la senadora Martha Lucía Micher Camarena, para que incorporar en el documento un lenguaje incluyente, como un ajuste de técnica legislativa, que no altera el contenido, ni la estructura jurídica del dictamen.