Programas sociales amortiguaron impacto económico de pandemia, informa Ariadna Montiel al Senado

 Ante el Pleno del Senado de la República, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, afirmó que los programas de bienestar amortiguaron el impacto económico y social en los hogares mexicanos, derivados de la pandemia, ya que, a pesar de esta circunstancia, se consiguió que el ingreso familiar creciera en las zonas rurales 3.8 por ciento.

Montiel Reyes compareció como parte del análisis del IV Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, para dar cuenta de los programas sociales que impactan a la población y sus comunidades.

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, explicó que esta comparecencia se realiza bajo los principios constitucionales que establece la relación corresponsable entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Posteriormente, tomó la protesta de decir verdad a la funcionaria.  

En su intervención inicial, Ariadna Montiel destacó que los programas sociales benefician a las familias, sus derechos y sus ingresos, ya que construyen economías circulares, porque ya no son una dádiva, sino un derecho consagrado en la Constitución.

Destacó que, en estos cuatro años se logró que el Estado recuperara su papel como principal garante de derechos, a través de una política que trabaja de la mano con las comunidades y reconstruye el tejido social. 

La funcionaria refirió que, hasta el mes de junio de este año, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores ya beneficiaba a 10 millones 500 mil adultos mayores que cuentan con una pensión de tres mil 850 pesos bimestrales y anualmente cada uno recibe 23 mil 100 pesos.

Durante este gobierno, apuntó, se incorporaron a cinco millones y medio de nuevos derechohabientes a esta pensión, es decir, se duplicó el padrón, por lo que “en todos los rincones del país no hay una localidad, por pequeña que sea, que no cuente con este programa”.

Ariadna Montiel destacó que las personas con discapacidad fueron invisibles para los gobiernos del pasado; por eso, en el Gobierno de México se implementó la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, a fin de dar un primer paso en la lucha por sus derechos.

Aseveró que un millón de personas con discapacidad ya son derechohabientes de esta pensión, prioritariamente niñas y niños. Además de que también se protege a los jóvenes, la población indígena y a los más pobres de las ciudades. “Todo esto con una inversión para este año, de 20 mil millones de pesos”.

La secretaria de Bienestar recordó que se suscribió un convenio de colaboración con la Fundación Teletón, para que de esta forma se potenciara la infraestructura y la experiencia de sus especialistas, por lo que, gracias a esto, 19 mil niñas y niños, a través de 375 mil terapias, han disfrutado del Programa de Apoyo para la Rehabilitación y la Inclusión para el Bienestar de las Niñas y Niños con Discapacidad Permanente.

Además, subrayó que para garantizar los derechos de los más pobres, la Fundación Teletón y la Secretaría buscarán construir un CRIT en el corazón de la montaña de Guerrero, en el municipio de Tlapa de Comonfort.

Por otra parte, apuntó que el Programa Sembrando Vida, que tiene como principal objetivo garantizar la autosuficiencia alimentaria de las comunidades más pobres del país, inició en 2019 en ocho entidades de la República y actualmente se extendió a 21.

Recordó que, en 2019, se inició con un padrón de 225 mil sembradoras y sembradores; a junio de este año, ya suman 447 mil; y la inversión social en 2022, alcanzará los 30 mil millones de pesos. 

Sembrando Vida, explicó, es un programa cien por ciento orgánico que, en medio del contexto de la escasez global de los fertilizantes, “es un logro que debe hacernos sentir orgullosos a todos los mexicanos”, porque implementaremos sistemas agroforestales y milpa intercalada, con árboles frutales, así como maíz y frijol.

Informó que se apoyó a 239 mil madres, padres y tutores, en beneficio de 250 mil infantes, además de que están incorporados a este programa mil niñas y niños que viven en condición de discapacidad.

Subrayó que las tandas fortalecieron la economía popular y apoyaron a las familias en la pandemia, sobre todo aquellas encabezadas por mujeres. “Es un timbre de orgullo que este programa está dirigido principalmente a ellas, porque siete de cada 10 beneficiarios son mujeres”.

Montiel Reyes agregó que el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, es una política de atención prioritaria dirigida a las personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, tanto por fenómenos sociales como por naturales.

Subrayó que 175 mil 500 familias han recibido apoyos hasta el mes de junio de este año, principalmente por fenómenos naturales como inundaciones, sismos, huracanes, entre otros. Incluso, “hoy mismo” iniciarán las tareas operativas para ayudar a los afectados del estado de Nayarit.

Indicó que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social es uno de los ocho fondos federales que componen el Ramo 33, y son recursos que la Federación distribuye entre las entidades federativas y municipios.

A través de este, apuntó, se financian obras de infraestructura social básica como son: agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación de las zonas rurales y de las colonias pobres de las ciudades; también infraestructura básica del sector salud, educativo y mejoramiento de la vivienda.

Este año, puntualizó, cuenta con un presupuesto de más de 94 mil millones de pesos; 11 mil de ellos destinados a los estados y 83 mil millones para los municipios.

Pobreza y programas sociales, temas que analizaron senadores con titular de Bienestar 

Senadores y senadoras de la República cuestionaron a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, sobre el incremento de la pobreza, el gasto social, salario mínimo y la implementación de los programas sociales. 

La funcionaria federal compareció ante el Pleno del Senado de la República, con motivo del IV Informe de Gobierno del Ejecutivo federal. 

El senador Gilberto Herrera Ruiz, de la bancada de Morena, destacó que este gobierno sacó, durante su primer año, a todos los adultos mayores del medio rural de la pobreza extrema. Además, subrayó que se aumentó al doble el salario mínimo, por lo que ahora se encuentra sobre la línea de pobreza, ya que se “se trata de una política cercana al pueblo”.

La senadora Guadalupe Saldaña Cisneros, de Acción Nacional, denunció que, a pesar de la inversión en política social, la cantidad de personas en pobreza va en aumento, lo que se debe a que el objetivo de este Gobierno es “aumentar las clientelas electorales, en lugar de combatir la lacerante desigualdad”.

En tanto, la senadora Nuvia Mayorga Delgado, del PRI, subrayó que, durante los primeros tres años de la presente administración, el gasto social fue menor a lo destinado en el gobierno anterior, pero “lo peor es que ni siquiera llegan a los hogares de los más necesitados”, pues sólo 30 por ciento de las familias se beneficia de algún programa social.

La senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, de Movimiento Ciudadano, aseguró que es necesario replantear la política social del gobierno actual, ya que el programa para personas con discapacidad sólo alcanza al 16 por ciento de la población, por lo que ni es universal ni se puede garantizar este derecho consagrado en la Constitución.

En su oportunidad, la senadora Gabriela Benavides Cobos, del PVEM, urgió a modificar las reglas de operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, a fin de permitir que la población de 29 años de zonas urbanas se beneficie del mismo, ya que dichas reglas sólo permiten que sea para unos cuantos. 

El senador Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, señaló que la política de bienestar no consiste en “dar limosna buscando clientelas electorales”, pues hoy se puede presumir al mundo que en México se consolida un Estado popular de bienestar. “Estamos haciendo realidad el gran principio de primero los pobres”.

La senadora Elvia Marcela Mora Arellano, de Encuentro Social, destacó que 2.5 millones de personas fueron rescatadas de caer en la pobreza, a través de la Pensión Universal de Personas Adultas Mayores y la de personas con discapacidad, junto con las becas Benito Juárez, por lo que “el Estado es hoy y será garante de derechos, los cuales son irrenunciables, universales y de complemento obligatorio”.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinoza, del PRD, señaló que existe información de servidores públicos que pudieran haber recibido dobles pagos o incumplir con la justificación de éstos, ya que, destacó, de acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación, hay personas con dos contratos simultáneos, registrados en la nómina de los denominados Siervos de la Nación, por un monto que asciende a 562 millones de pesos, sin justificar.

La senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Plural, manifestó que, de acuerdo con este informe, la política social del Gobierno federal prioriza los apoyos económicos a los grupos de población en situación de desventaja, y refleja que la cantidad de personas beneficiarias es mayor cada año; sin embargo, “a pesar de estas medidas, no se ha logrado disminuir la cantidad de personas en situación de pobreza en el país”.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, aseguró que todos los recursos que se destinan a los pobres son bien empleados y desde la Secretaría de Bienestar no se evaden responsabilidades.

Dijo que todos los días se atienden las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación, y “somos de las dependencias más auditadas, porque en el ánimo republicano y de un proyecto de nación, está la rendición de cuentas y la transparencia de los recursos”.

Destacó que, el programa Prospera, se usó con fines electorales y operaba con una gran opacidad” a través de sus vocales, además de que no combatió la pobreza, ya que el viejo régimen dejó más de 50 millones de pobres.

Nosotros -continuó-, planteamos una política de bienestar que genera un ingreso mínimo para las familias más pobres, “estamos consolidando un Estado que hoy se hace cargo de las desigualdades y las combate de frente, estamos eliminando la burocracia para destinarlo al subsidio directo a los beneficiarios”.

Afirmó que en esta administración hay una política de bienestar que opera a través de un grupo de servidores públicos, sujetos a la ley de responsabilidades administrativas.

Subrayó que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Aplicados, en 2020, durante el período de la pandemia, mil 627 municipios del país redujeron su pobreza; mil 425 de ellos redujeron la pobreza extrema, mientras que ingreso de las familias rurales creció en 3.8 por ciento.

Ariadna Montiel también mencionó que, de los 623 municipios con presencia indígena, 424 redujeron su pobreza extrema por primera vez, y resaltó que no hubo recortes a la inversión social en materia de salud y educación, ni tampoco hubo endeudamiento público.

La funcionaria federal dijo que se eliminaron “todos aquellos programas del campo que lo único que hacían era engordar las bolsas de los dirigentes campesinos aprovechándose de la pobreza del medio rural. Tenemos una gran convicción por las transferencias no condicionadas”.

Destacó que actualmente se beneficia a 3.6 millones de personas de comunidades indígenas que viven en municipios pobres, que ahora cuentan con un ingreso que les ha permitido afrontar la pandemia, y que se apoya a 25 millones de familias más pobres de México.