Según la bancada naranja, la Ley de Ingresos perpetúa la desigualdad

El gobierno tiene una recaudación de impuestos insuficiente para cumplir los objetivos sociales a los que está obligado. Lamentablemente eso no va a cambiar para 2023. Con esto, renuncian a su promesa en 2018 de combatir la desigualdad.

“Se consumó, quizás, el más grave de los fracasos en la promesa de cambio de este gobierno. Con la aprobación de una Ley de Ingresos igual a 2018, se perpetúa una estructura fiscal que fomenta la desigualdad. El poder político sigue subordinado al económico”, sostuvo Jorge Álvarez Máynez.

La aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación 2023 consuma un fracaso más de esta administración y desmiente el combate a la desigualdad que prometió hace cuatro años. Este modelo, similar al de 2018, perpetúa una estructura fiscal que no atiende a los sectores más vulnerables. La mala recaudación y la escasa capacidad redistributiva impactarán en el financiamiento de funciones sociales a las que está obligado el Estado.

Con este plan Morena y sus aliados subordinan el poder político al económico, aumentan la deuda interna por más de 1 billón de pesos y la externa de hasta 5 mil 500 millones de dólares para el siguiente año. Así el gobierno busca resolver otros gastos como ya lo hizo al extraer el 85% de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, en tan solo cuatro años.

Para la Bancada Naranja esta propuesta es irreal y condena a la economía al estancamiento. Es irresponsable autorizar a Pemex un endeudamiento interno de 27 mmdp y un endeudamiento externo de 142.2 mdd, pese a las pérdidas que genera. También a la CFE se le autoriza un monto de endeudamiento neto interno de 12,750 mdp, tres veces más que el ejercicio anterior. 

Tenemos el compromiso de defender que existan finanzas públicas sanas y un gasto responsable que permita lograr una recaudación equitativa para cumplir los objetivos sociales a los que está obligado el gobierno. La recaudación de México no solamente es baja con respecto a los países de la OCDE (un promedio del 20%), también en términos de la región latinoamericana.


El gobierno debe apostar por una redistribución, pero actualmente sucede muy poco. El gasto social representa apenas el 8% del PIB y se encuentra muy por debajo del promedio de la OCDE (20%) además de que dos de los tres impuestos más importantes en México tienen un efecto nulo en términos de redistribución (IVA e IEPS). Rechazamos este proyecto porque renuncia a toda posibilidad de incrementar la recaudación de manera progresiva en otros estratos sociales.