Niega Rosa Icela Rodríguez, ante el Senado, militarización de México

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, rechazó que en México se lleve a cabo un proceso de militarización, pues este concepto implica que los militares gobiernen, pero en el caso de México hay un gobierno civil. 

Subrayó que la militarización, como se concibe a nivel internacional, pasa por socializar y normalizar el pensamiento bélico, por promover el uso justificado de la violencia del Estado y criminalizar desde un pensamiento de guerra. “Por eso decimos que en nuestro país no hay tal militarización”.

Dijo que tal vez exista una confusión, porque la Guardia Nacional nació con 80 por ciento de sus elementos de formación militar, de la policía militar, naval y federal, pero desde su creación se concibió como un instrumento para la construcción de la paz y la seguridad ciudadana.

Este proyecto, acotó, está construido para la paz, no para la guerra, y tampoco se busca someter a población civil con violencia, ni con la fuerza militar.

En su exposición inicial, la secretaria aseguró que gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal se han afectado las estructuras criminales y financieras de todos los grupos delincuenciales que generan violencia.

La funcionaria comparece como parte del análisis del IV Informe de Gobierno del Ejecutivo federal. Ahí, afirmó que en un esfuerzo sin precedentes esta administración logró la detención de 65 mil 149 integrantes de bandas delictivas, incluidos seis mil 43 de organizaciones criminales, de los cuales dos mil 216 eran objetivos prioritarios.

Destacó que la aplicación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ha disminuido la incidencia delictiva del fuero federal, ya que, al comparar las cifras de diciembre de 2018 con las de agosto de 2022, se muestra una baja de 23.3 por ciento.

Previamente, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, explicó que esta comparecencia se realiza bajo los principios constitucionales que establece la relación corresponsable entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Posteriormente, tomó la protesta de decir verdad a la funcionaria.  

Al encuentro asistieron los integrantes del Gabinete de Seguridad: Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; José Rafael Ojeda Durán, titular de Marina; y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

En su intervención inicial, Rosa Icela Rodríguez dio a conocer que los delitos fiscales disminuyeron 60 por ciento; los financieros, 65 por ciento; y el robo de hidrocarburos descendió 92 por ciento, lo que permitió un ahorro de 226 mil 84 millones de pesos, “que ahora si entraron a las arcas del gobierno”.

Dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 36 mil cuentas bancarias, con 16 mil millones de pesos vinculados a operaciones ilícitas.

Gracias al plan del Gobierno federal para combatir a la delincuencia organizada, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, precisó, se logró el aseguramiento de 32 mil 746 armas de fuego; 17 millones 352 mil cartuchos y dos mil 300 granadas.

También, puntualizó, se aseguraron 5.2 toneladas de fentanilo, casi mil por ciento más que en los últimos cuatro años de la administración anterior, con una afectación a las finanzas de la delincuencia organizada por más de 41 mil 325 millones de pesos.

De igual forma, subrayó, se confiscaron 94 mil 551 kilogramos de cocaína, 139 por ciento más que los últimos cuatro años del gobierno pasado, con impacto de más de 22 mil 910 millones de pesos para la delincuencia organizada. 

Además de 154.1 toneladas de metanfetaminas, lo que representa un incremento de 74 por ciento, comparado con los últimos cuatro años del sexenio anterior, lo que representa pérdidas para la delincuencia organizada de más de 44 mil 579 millones de pesos, puntualizó.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana acotó que se erradicaron 46 mil 304 hectáreas sembradas con amapola, con un valor de 38 mil 852 millones de pesos para la delincuencia; 618 mil 930 kilos de mariguana, con un valor de 34 mil 816 millones de pesos. 

Dijo que también se aseguraron mil 116 kilogramos de goma de opio, con un valor de mercado superior a los 45.7 millones de pesos; así como mil 429 kilos de heroína, por más de mil nueve millones de pesos.

La funcionaria especificó que se destruyeron mil 57 laboratorios de narcóticos con una afectación a la delincuencia de 490 mil 664 millones de pesos para los grupos criminales. En total, asentó, se afectó al crimen organizado en sus finanzas por 674 mil 200 millones de pesos. Esto es alrededor de 33 mil 693 millones de dólares.

Asimismo, destacó el avance del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y Estados Unidos, pues permitió mejorar los controles en entradas marítimas, aéreas y ferroviarias para la detección de precursores químicos, flujo de dinero y productos falsificados.

“Hay mayor coordinación, mejor coordinación para perseguir, castigar, identificar y desmantelar estructuras dedicadas al tráfico de personas”.

En cuanto al fuero común, apuntó que también se tienen resultados importantes, ya que, al comparar las cifras de 2018 con la incidencia de agosto de 2022, el secuestro disminuyó 74.1 por ciento, y dos mil 57 víctimas fueron liberadas, además de que se detuvieron a cuatro mil 557 secuestradores y se desarticularon 518 bandas.

La funcionaria acentuó que el robo total decreció 18.1 por ciento; el de vehículos bajó 40.4 por ciento; el robo en transporte público disminuyó 35.4 por ciento; a casa habitación descendió 20.7 por ciento; a transportistas 39 por ciento; a negocio 28 por ciento; y a transeúnte 14.4 por ciento.

La titular de SPCC precisó que en 2019 y 2020 se contuvo el alza del homicidio doloso, y en 2021 inició su baja constante, por lo que, para agosto de 2022, se presentó una disminución de 14.6 por ciento, respecto al máximo histórico registrado en 2018.

Rodríguez Velázquez subrayó que en el país funcionan 32 mesas estatales y 266 regionales para la construcción de paz, en las que las autoridades de los tres órdenes de gobierno se coordinan para hacer frente al fenómeno delictivo.

Detalló que la Guardia Nacional cuenta 118 mil elementos, los cuales tienen arraigo y aceptación, además de que actúan de forma expedita para proteger a la población. También, indicó que se aplican controles más estrictos de las Fuerzas Armadas en las aduanas marítimas y terrestres para evitar el tráfico de drogas, armas y personas.

Debaten en el Senado sobre participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública

Durante la comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, integrantes de los diferentes Grupos Parlamentarios, representados en el Senado, debatieron en torno a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. 

La funcionaria federal dio cuenta de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ante el Pleno del Senado, con motivo del IV Informe de Gobierno del Ejecutivo federal. 

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, el crimen organizado “estaría desbordado”, pues son elementos del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional quienes hacen frente a los comandos de la delincuencia. 

Recordó que el problema de la inseguridad tiene décadas en México, que esta administración sólo tiene cuatro años en el ejercicio de la administración pública y que, durante 27 años, el Ejército participó en labores de seguridad pública de manera ilegal e inconstitucional.

Ricardo Monreal señaló que quienes insultan y culpan al Ejército de la aprobación de las últimas reformas en materias de seguridad a cambio de dinero, sólo quieren ganar el debate por fanatismo y con mentiras, pues este proyecto se avaló por mayoría calificada.

El legislador reconoció la labor de las Fuerzas Armadas, que con toda razón exigieron que sus soldados contaran con una base constitucional para desarrollar estas actividades; “ellos no querían actuar en actividades civiles, pero fueron obligados por los gobiernos del pasado sin legalidad y constitucionalidad”.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña Waldenrath, reconoció los resultados en materia de seguridad, una tarea que no ha sido fácil, por lo que el pueblo mexicano les reconoce su trabajo.

Por su parte, la senadora Lilly Téllez, del PAN, dijo que, por acción u omisión, el Gabinete de Seguridad es responsable de la explosión de la violencia de este sexenio; además de que sus integrantes no pueden explicar los más de 130 mil muertos que se han registrado en esta administración. 

Claudia Edith Anaya Mota, senadora del PRI, consideró que el problema no las Fuerzas Armadas, sino la falta de estrategia de seguridad del gobierno y estos terminarán por lastimar profundamente a los elementos del Ejército y la Marina. 

El senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la estrategia de seguridad implementada por este gobierno ha fracasado y no hay evidencia de que la presencia de las Fuerzas Armadas reduzca la inseguridad y la crisis de violencia en la que vive México.

La senadora María Graciela Gaytán Díaz, del PVEM, aseguró que, con la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública “hemos sido testigos de la respuesta del gobierno de México a la demanda más sentida de la población, que es vivir en paz y con tranquilidad. También consideramos que el Gabinete de Seguridad ha cumplido una labor enorme para subsanar y proteger la seguridad pública de las y los mexicanos”.

Del PT, el senador Alejandro González Yáñez señaló que se acusa al Gobierno federal de que la política de “abrazos no balazos” no funciona, pero es claro que los primeros responsables de atender la inseguridad son los gobiernos locales, que no previenen los ilícitos del fuero común, ni los castigan debidamente, tampoco refuerzan los patrullajes en las zonas conflictivas, ni contienen el embate de las organizaciones delictivas.

La senadora Renata Romo Molina, de Encuentro Social, reconoció las acciones implementadas en el marco de la Estrategia de Seguridad Pública, así como los avances en la construcción de la paz. Comentó que la pacificación del país va de la mano de la justicia social, la cual está en proceso. 

Miguel Ángel Mancera Espinoza, legislador del PRD, afirmó que los problemas de seguridad se resuelven con planeación, operación y trabajo diario, por lo que se deben precisar las acciones y los resultados que se esperan, a partir de que se reciba el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública; así como la forma en que se consolidará a la Guardia Nacional.  

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, consideró que exigir rendición de cuentas no es una falta de respeto hacia las Fuerzas Armadas, pues está en juego nuestra democracia, por el peligroso y acelerado proceso de militarización.