La FGR y sus noticias viejas

En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador continúan sin investigar el espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, registrado en los últimos 4 años. La propia Fiscalía General de la República (FGR), con un boletín de noticias viejas, lo evidenció.

A las 17:23 horas, de este domingo, la Fiscalía difundió, a través de sus redes sociales, un flash informativo, en el que anunciaba que hay dos carpetas de investigación relacionadas con el sistema conocido como Pegasus. “En breve más información”. El aviso generó ciertas expectativas.

Alrededor de 55 minutos después, a las 18:18, difundió un comunicado, en el que explicó que una de las carpetas es por los presuntos delitos de peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa en la adquisición de Pegasus y, la otra por intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de periodistas y defensores de derechos humanos.

Pero son noticias viejas. El primer caso es sobre la adquisición, por parte de la entonces Procuraduría General de la República, durante el sexenio anterior, del equipo de inteligencia Pegasus, por la cantidad de 456 millones 843 mil 149 pesos, sin que existiera justificación para su celebración y evadiendo los procedimientos de licitación pública, así como el uso irregular de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional.

De acuerdo a la FGR en dicha investigación se advierte la existencia de un concurso de delitos consistentes en peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa; y cuyos presuntos responsables fueron Tomás “Z”, Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, así como otros servidores públicos que, por razón de secrecía y viabilidad procesal, no se identifican en este momento.

La segunda carpeta es un procedimiento por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos, en la cual el 26 de agosto de 2021, esta Fiscalía ejerció acción penal a través de la obtención de una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N”, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones; todo ello como coautor material de dicho hecho delictivo. 

Sin embargo, a la Fiscalía se le olvidó que, en un comunicado fechado el 8 de noviembre de 2021, precisó que Juan Carlos “G” es señalado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado en perjuicio de una periodista (y no de periodistas y defensores de derechos humanos), utilizando el software de espionaje conocido como Pegasus.

El 4 de octubre pasado, en la conferencia mañanera interrogaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las denuncias públicas de presunto espionaje de la Sedena y la adquisición del software en 2019. El mandatario respondió: “Que se dé a conocer, no debe haber absolutamente nada oculto, nada malo, que se entregue todo”.

Sedena negó haber contratado el sistema Pegasus y la FGR se tardó 10 días para informar sobre las carpetas de investigación que tiene abiertas sobre ese tópico.

En esa conferencia de medios, una periodista informó que los teléfonos de al menos tres investigadores de derechos humanos fueron infectados con Pegasus durante la administración de López Obrador, a pesar de las promesas del gobierno de que dejaría de usar el controvertido software espía.

Se informó que investigadores de Citizen Lab, un grupo de vigilancia digital de la Munk School of Global Affairs and Public Policy de la Universidad de Toronto, analizaron los teléfonos de dos periodistas y un activista de derechos humanos, y detectaron que los dispositivos fueron infectados entre 2019 y 2021 con Pegasus, que pertenece a la empresa israelí de software espía NSO Group. Incluso, la periodista dejó las pruebas esa misma mañana en Palacio Nacional.

Desde ese día, López Obrador ha insistido que en su gobierno no espían y que sólo hacen labores de inteligencia.

Sin embargo, los servicios de inteligencia que ofrece la Secretaría de la Defensa Nacional, quedan en entre dicho. Tras el hackeo del grupo Guacamaya Leaks, se han dado a conocer correos, etiquetados como confidenciales, en los que la Sedena sabía con anticipación, ejecuciones, ataques y enfrentamientos entre grupos delictivos, pero no los evitó o, en su caso, no dio parte a las autoridades correspondientes.

Con la reforma constitucional, aprobadas por el Congreso, ya no tendrán escusas ni pretextos, para no actuar, por la falta de un marco legal. Pero, por lo pronto, su inacción ha provocado que la administración del presidente López Obrador tenga el record de más homicidios dolosos.

Lo que ha evidenciado, también esos documentos difundidos por varios medios de comunicación, es que la Sedena cuenta con la tecnología e información privilegiada, pero de nada sirve, si hace mal su chamba de inteligencia.

Por lo pronto, tanto la FGR como la Sedena arroparon bien la narrativa presidencial de que en su administración no espía, pero se ha demostrado que no hacen bien su chamba.