Concesiones y sobreexplotación, entre las causas del reparto injusto del agua

La distribución inequitativa del agua en las ciudades y sus periferias responde a decisiones institucionales equivocadas, concesiones a grandes empresas y a la sobreexplotación que amenaza los ecosistemas, coincidieron participantes en el Conversatorio internacional Alternativas para la gestión equitativa y sustentable del agua en las metrópolis, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“En la necesidad de cuidar los ciclos naturales para enfrentar el deterioro que viene generándose desde hace dos siglos y en el ánimo de un cambio de paradigma en la gestión hídrica, encontramos, por ejemplo, que las comunidades de Tula viven un infierno ambiental por la toxicidad de la Presa Endhó”, indicó Elena Burns, subdirectora general de Administración de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En el encuentro, al que asistió el doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el Fortalecimiento Académico y Vinculación –en representación del doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la Casa abierta al tiempo– Burns aseguró que ante tal situación “no podemos seguir con esta política de extracción-desecho”, sino enfrentar la contaminación con inteligencia, sabiduría y compromiso del pueblo, que vive lo que está pasando y que no puede confiar en la autoridad.

Las comunidades en territorio mexicano están cada vez más organizadas y no van a permitir que se lleven el agua. “Estamos en un proceso de transición en el que se ve el fin de las mega obras hidráulicas que no solucionan todos los problemas”, como el Túnel Emisor Oriente (TEO), cuya construcción costó 50 mil millones de pesos.

“Los límites de este modelo mercantilista –que, sin una planeación, distribuyó los recursos de la nación y negó el derecho humano al líquido vital de los pueblos indígenas– es una de las razones por las que se está buscando lograr un decreto presidencial para que vuelvan a creer en la autoridad después de mucho tiempo de privatización”.

De manera conjunta con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Conagua está ensayando no sólo aplicar medidas administrativas a las empresas que se quedaron con grandes cuerpos del recurso, sino denunciar a los contaminadores por delitos ambientales y en contra de la salud, ante la Fiscalía General de la República, subrayó Burns.

También es importante “sentarnos con las poblaciones para visualizar qué se puede hacer para garantizar calidad para todas y todos, reto que nos va a obligar a reutilizar el sistema de derechos”, añadió.

Entonces “estamos fincando estos argumentos desde el interés público, porque deben estar por arriba de aquellos que están vendiendo garantías en las cuencas sobreexplotadas”.

En Iztapalapa, aun cuando existe la tubería, la mayoría de habitantes no cuenta con el líquido y lo tienen que pagar tres veces; esto es, “por el agua entubada, el transporte de los camiones cisternas que costeaban en gobiernos anteriores y el producto embotellado”, señaló Rocío Lombera, en representación de la alcaldesa Clara Brugada.

La asesora del gabinete en esa alcaldía sostuvo que el modelo de gestión en la Ciudad de México resulta fallido debido a las decisiones equivocadas para dotar del recurso a una gran cantidad de personas y por problemas de infraestructura, así como en el drenaje y las propias edificaciones.

En este paradigma de extracción existen obstáculos porque no se han buscado otras salidas, “la única que encontraron fue traer el agua de lejos para seguirla extrayendo, lo cual resulta cada vez más costoso y no resuelve el problema”, si bien existen trabajos sustanciales de académicos de la UAM, como los doctores Pedro Moctezuma Barragán y Óscar Monroy Hermosillo, en la búsqueda de soluciones.

“En la alcaldía ya no basta con pozos que estaban a 30 o 40 kilómetros y aportaban 27 litros por segundo frente a lo que puede extraerse de otros más pequeños –35 litros por segundo–, pues no vale la pena una gran inversión, lo que hace falta son estudios serios que lleven a decisiones reales y no a ahondar en situaciones como el TEO que costó un dineral, aun cuando se tenía la propuesta del Lago Xico”.

La funcionaria recordó que si bien “tenemos esta iniciativa desde hace más de diez años y no se ha implementado esta decisión política”, con la actual administración local se logró un acuerdo para distribuir el líquido, aunque también se apela a la cultura de la gente para que lo cuide, así como evitar que ocurra algo como en Nuevo León, donde una empresa privatizó el agua y ahora la dota de manera gratuita a la población, como si se tratara de una acción altruista.

Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso, Chile, refirió que 300 mil personas de esa región dependen de camiones de reparto. “La construcción de un nuevo paradigma dice que en América Latina debe de consagrarse el agua como un derecho humano, un bien común que tiene que ver con un contrato social entre los seres humanos y la naturaleza, y aun con los desafíos políticos, económicos, éticos y morales debe recuperarse el líquido para salvar las vidas de nuestras comunidades, territorios y ecosistemas”.

No obstante, reconoció que América Latina es la zona más peligrosa para los y las defensoras de los derechos ambientales –agua, tierra y protección de ecosistemas, entre otros– pues es donde ocurre 70 por ciento de los asesinatos, “lo que me hace pensar en Bertha Cáceres, que recibió el Premio Golden Price y a quien conocí en 2014 en Paris,  y que en marzo de 2016 fue asesinada porque defendía los derechos ambientales de su comunidad”.

Antonio Camacho, presidente de la European Federation for Freshwater Sciences, advirtió que la depredación de la naturaleza lleva a situaciones insostenibles. “No hay que tomar como pretexto que hasta que no cambie el paradigma no se podrá tener el líquido, demos un empujón para que sea de otra manera, cada uno hagamos lo que podamos”, señaló en el conversatorio que tuvo lugar en el Centro de Difusión Cultural Casa del Tiempo y estuvo moderado por el doctor Pedro Moctezuma Barragán, académico del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa y responsable del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la UAM.