Necesaria más inversión para conservación de agua potable

Las principales problemáticas asociadas al uso del agua potable son contaminación, desigualdad en su distribución, falta de ordenamiento y sobreexplotación. Sin duda el norte del país es una de las regiones más afectadas, como ocurrió en Monterrey, consideraron las expertas del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, Véronique Sophie Ávila Foucat, Argelia Salinas Ontiveros y Jimena Navarro Guevara.

Al participar en la mesa redonda “Escasez de agua en México: análisis y propuestas ante la crisis hídrica y la inequidad”, organizada por esa entidad académica, las universitarias enfatizaron que la inversión pública en la conservación del recurso hídrico, en general, no representa el equivalente a la remediación o a los recursos requeridos para continuar gozando de este; hay un déficit de inversión pública en este rubro.

Argelia Salinas señaló que la crisis hídrica es un problema que se ha agudizado en el país y, junto con el cambio climático, profundizó los inconvenientes de la agricultura a nivel mundial, en particular la seguridad alimentaria en naciones de menor desarrollo, como es el caso de la nuestra, donde productores de granos básicos como el maíz, son altamente vulnerables a las variaciones en el clima planetario.

El incremento en la temperatura global, argumentó, no permitirá que se cuente con alimentos; “el problema es qué comeremos en el mediano y largo plazos, porque todo lo que consumimos lo obtenemos a partir del agua y de los suelos”.

Aseveró que la erosión afecta al territorio en general, razón por la cual urge una política enfocada a la solución de estos problemas que son determinantes en la producción y abasto de comestibles. A pesar de que somos un país con enorme diversidad, tenemos esta dificultad relacionada con el suministro de alimentos y, sobre todo, con el recurso hídrico que es básico para producirlos.

Salinas Ontiveros mencionó que las crisis económica y sanitaria denotan importantes aumentos en los niveles de pobreza y pobreza extrema; el exiguo acceso a la atención de la salud está relacionada con la alimentación y a la equidad de los servicios hídricos; sin embargo, la carencia alimentaria también aumentó en este mismo periodo con el alza de precios de los principales productos de la canasta básica.

Baja recaudación

De acuerdo con Véronique Sophie Ávila, la disponibilidad de agua dulce en México es de 451 mil millones de metros cúbicos; su mayor uso está en el sector agropecuario, aunque el empleo público urbano también es importante. No obstante, existe una deficiencia considerable en cuanto al número de plantas de tratamiento de aguas residuales.

La recaudación por regiones hidrológicas administrativas indica, sin duda, que gran parte es subsidiada y no representa el costo real de la conservación del recurso o la remediación de lo que implican las descargas de cada una de las actividades económicas que requieren el uso hídrico para disponer de este recurso; es decir, existe un déficit de inversión pública en la materia, coincidió la experta.

Además, Ángel Merlo y Pierre Mokondoko Delgadillo, colaboradores de la investigadora del IIEc, presentaron algunos resultados del proyecto internacional financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Agencia Francesa de Investigación, el cual tuvo diversos puntos de estudio en México, en particular en la cuenca Copalita, en Huatulco, Oaxaca; Francia y Colombia.

Ambos investigadores expusieron que Copalita, a pesar de contar con alta disponibilidad hídrica, registra consumo diferenciado en algunas zonas, falta de infraestructura, huracanes y terremotos que impactan la región, lo que vislumbra una tendencia hacia menor disponibilidad de agua a futuro.

Estimaron que en los últimos 30 años los cambios en las precipitaciones y temperaturas registrados afectan la provisión de servicios ecosistémicos en ese sitio, y la producción de café. De acuerdo con el análisis, para 2039 se esperaría incremento de temperatura de hasta tres grados centígrados y reducción de hasta 20 por ciento (600 mililitros) en las precipitaciones. Además de una disminución de agua superficial de 9 y hasta 24 por ciento, así como una baja de 20 por ciento en la capacidad de la vegetación para retener sedimentos.

Acceso equitativo

En tanto, Jimena Navarro Guevara refirió que México exporta productos cuya elaboración requiere exceso de uso de agua, como refrescos y cervezas. Por ejemplo, en el caso de Monterrey, Nuevo León, se elaboran, en particular, en un territorio árido donde la población requiere del recurso hídrico.

La especialista recordó que es la segunda metrópoli más importante en términos económicos del país; Nuevo León aportó 7.8 por ciento del producto interno bruto nacional en 2021. Entonces es un estado relevante en términos de su producción industrial, pues alberga diversas empresas nacionales y trasnacionales.

En realidad, subrayó, vemos la carencia de políticas públicas ante un problema estructural que se presenta desde hace varios años en el país, en particular en el noreste. Para la universitaria es necesario plantear la redistribución del acceso al agua y el cambio de paradigma a partir de un enfoque de conservación y restauración de cuencas, que incluya la participación de mujeres, pueblos originarios, niños y comunidades más marginadas que, por lo general, se dejan de lado en el tema del acaparamiento.

Más adelante, destacó en 2012 se plasmó en el Artículo IV de la Constitución mexicana el derecho humano al agua y, por otra parte, la Ley de Aguas Nacionales -aunque emana del Artículo 17 Constitucional- no reconoce esa garantía individual. Este estatuto, elaborado en 1992, en el contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, considera al recurso hídrico una mercancía y no una prerrogativa fundamental.

Asimismo, comentó que en la referida Ley se señala que la Comisión Nacional del Agua es la encargada de las concesiones en el país y desde 1993 se han otorgado 514 mil 684 autorizaciones en un esquema de gran desigualdad, porque siete por ciento de los concesionarios tienen 70 por ciento del volumen de aguas adjudicadas.