Sostiene Ramírez de la O, ante senadores, que la austeridad no afectará programas sociales

En el marco del análisis del IV Informe del Gobierno federal, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, compareció ante el Pleno del Senado de la República, para explicar el desarrollo de la política en materia financiera, fiscal, de gasto, ingresos y deuda pública.

Indicó que, para el próximo año, el Paquete Económico estima que el gasto neto presupuestario se ubique en 8.3 billones de pesos, “cifra histórica y superior en 11.6 por ciento anual, en comparación con lo previsto en el Paquete 2022”. 

“Esto permitirá dar continuidad a la política pública con visión social, implementada por el Gobierno de México, que busca distribuir la riqueza y mejorar la calidad de vida, principalmente de los grupos sociales con menor ingreso”, dijo.

Así, el Paquete 2023, destacó, otorga suficiencia presupuestaria a los programas de bienestar, que actualmente llegan al 70 por ciento de las familias mexicanas y a los proyectos de infraestructura, orientados a estimular la actividad económica de las regiones más rezagadas de nuestro país.

En este mismo sentido, destacó que el proyecto de presupuesto para 2023, prioriza la inversión social, y los proyectos que impulsan la inversión física, así como salud, seguridad y educación, mismos que favorecen el bienestar económico y social bajo principios de austeridad, eficiencia y racionalidad.

Ramírez de la O destacó que el crecimiento económico de México sigue a la alza, pues durante la primera mitad del año se ha ubicado por encima de los pronósticos que han hecho los analistas.

Precisó que, al día de hoy, nuestra economía ha ligado tres trimestres consecutivos de expansión, en un contexto de fortaleza y recuperación del mercado interno, del consumo privado y del turismo a nivel nacional, así como de los avances en materia de inversión pública y privada.

Por ello, apuntó, se estima que en 2022, el crecimiento real del Producto Interno Bruto se ubique entre 1.9 y 2.9 por ciento anual, con una estimación puntual de 2.4 por ciento.

Subrayó que el consumo interno en México ya logró una recuperación total, respecto a su nivel prepandemia, y muestra fortaleza; ya que entre enero y junio del presente año tuvo un crecimiento de 2.8 por ciento, “gracias al vigor del mercado laboral y al aumento de los ingresos de los trabajadores”.

Refirió que los programas para el bienestar y las acciones para contener la presión inflacionaria han logrado proteger los ingresos de la población, particularmente de las familias más vulnerables.

El funcionario agregó que, de cara al cierre de año, las finanzas públicas continuarán sanas, a pesar de los subsidios a los combustibles que el Gobierno de México decidió otorgar para proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas, y el cual evitó que la inflación del país llegara a niveles de 12 por ciento.

Aunado a dicho subsidio, recordó que los ingresos públicos, tanto petroleros como no petroleros, son mayores que las metas establecidas en el Paquete Económico 2022.

Respecto al saldo de la deuda para al cierre del año, Rogelio Ramírez de la O aseveró que se estima en 48.9 por ciento del PIB, es decir, dos puntos porcentuales debajo del monto aprobado en 2022 por el Congreso de la Unión, gracias al sólido desempeño de los ingresos y la prudencia del gasto.

“La administración del presidente López Obrador presenta el menor incremento del saldo de deuda, comparado con los gobiernos anteriores; es decir que, en términos reales, al cuarto año de la administración, la deuda habrá aumentado siete por ciento desde diciembre de 2018, significativamente menos que el crecimiento promedio de 27 por ciento observado en las tres administraciones anteriores”, manifestó.

Asimismo, dijo que se tiene previsto al cierre del año un superávit primario de 0.1 por ciento del PIB, que se compara favorablemente, con el déficit de 0.3 por ciento, previsto en el Paquete Económico de 2022.

Apuntó que, se visualiza que el crecimiento real del PIB 2023 alcance un rango entre 1.2 y tres por ciento, debido a que, de acuerdo con el Programa Económico incluido en el Paquete 2023, anticipa que la economía de México será impulsada por el fortalecimiento del mercado interno y la relocalización de empresas extranjeras hacía nuestro país. 

El Paquete 2023, precisó, incluye un componente ambicioso de inversión, de la mano del fortalecimiento de los ingresos, lo que permitirá que “2024 sea el año de la consolidación fiscal para este proyecto de nación”.

El titular de la SHCP indicó que el proyecto de Paquete Económico 2023 se acompaña de una política fiscal prudente y responsable, que busca priorizar la estabilidad macroeconómica y de las finanzas públicas, “porque estamos comprometidos con mantener la disciplina fiscal que ha caracterizado a esta administración, para superar los retos sin precedentes que se experimentan desde hace varios años”.

Apuntó que, en materia de finanzas públicas, en el proyecto se proponen agregados fiscales que abonan a una trayectoria estable y sostenible del saldo de la deuda, la cual se ubicará en 49.4 por ciento del PIB, misma que ha sido ampliamente reconocida por las calificadoras crediticias y el sector financiero de nuestro país y del extranjero.

Dijo que un factor esencial que ha permitido lograr estos niveles de deuda, ha sido el esfuerzo para mantener un portafolio de pasivos diversificado, fundamentalmente denominado en moneda local y con tasas fijas, y ha reducido así la vulnerabilidad de nuestro país a variaciones en el tipo de cambio o las tasas de interés.

Aseguró que la Iniciativa de Ley de Ingresos estima que los ingresos presupuestarios del sector público se ubiquen en 7.1 billones de pesos durante 2023, cifra que representaría un incremento de 9.9 por ciento en términos reales, en comparación con lo previsto en el paquete de 2022. 

Al interior de estos ingresos, anticipó que los petroleros alcancen 1.3 billones de pesos, impulsados por un mayor precio del petróleo y los resultados de la política en materia energética impulsada por esta administración. 

Por otra parte, también dedujo que la recaudación tributaria alcance los 4.6 billones, monto que representaría un incremento de 11.6 por ciento real, con respecto al aprobado en 2022.

Ramírez de la O expresó que la Secretaría de Hacienda redoblará su esfuerzo para combatir la corrupción, reduciendo aún más los espacios de evasión y elusión fiscal, de tal forma que todas las personas y empresas contribuyan al erario, de acuerdo con lo estipulado por la ley, sin distinción alguna.

Refirió que la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023, prevé ingresos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Comisión Federal de Electricidad, en su conjunto, de 948 mil millones de pesos, cifra superior en 0.3 por ciento anual, con respecto al aprobado en 2022.

Debaten senadoras y senadores política hacendaria del Ejecutivo Federal con titular de SHyCP

 Al iniciar la ronda de preguntas, el senador Ernesto Pérez Astorga, de Morena, afirmó que, anteriormente, la política social no figuraba en el Paquete Económico, lo cual cambió con la administración actual. Además, destacó las políticas implementadas por el Gobierno federal para superar la crisis económica, como el combate a la corrupción y el establecimiento de mejores estrategias fiscales.

Por Acción Nacional, el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís denunció que, ante la incapacidad para generar condiciones favorables, “el gobierno pretende seguir echando mano del terrorismo fiscal”, pues es la única forma en la que la administración actual pueda recabar impuestos en esta crisis económica.

La senadora Nuvia Mayorga Delgado, del PRI, aseguró que el pueblo mexicano ha pagado las malas decisiones del gobierno en materia económica. Además, señaló que los estados tienen pérdidas derivadas de los estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), por lo que exigió que se implementan estrategias para ayudarlos.

De Movimiento Ciudadano, el senador José Luis Pech Várguez alertó la reducción del presupuesto para apoyo a las pequeñas y medianas empresas, las cuales generan 78 por ciento de empleo; mientras que a los programas sociales se les han asignado 947 mil millones, y al programa Créditos a la Palabra se la han otorgado 35 mil millones de pesos, de los cuales se ha recuperado sólo el 9 por ciento.

Gabriela Benavides Cobos, senadora del PVEM, manifestó el respaldo de su bancada al funcionario federal, para que continúe su trabajo enfocado a las grandes causas nacionales y en la construcción de un mejor país; también pidió que expusiera las acciones de la dependencia para atender a la población más vulnerable frente a la inflación.

La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del PT, dijo que el subsidio a los combustibles, la producción de los fertilizantes, así como de alimentos para garantizar el abasto interno, son políticas públicas exitosas para contener la inflación, la cual proviene de factores externos.

Katya Elizabeth Ávila Vázquez, senadora del PES, reconoció que, a pesar de las presiones financieras internacionales generadas por la pandemia, y el conflicto entre Ucrania y Rusia, el peso mexicano ha sido fuerte y se contuvo la inflación. Además, precisó que es mejor eliminar los estímulos, derivado del alza a los precios del petróleo, y aplicar los recursos recaudados para incentivar a los sectores productivos.

Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador de la bancada del PRD, manifestó su preocupación por que, en los últimos dos años, 13 empresas globales dejaron de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, por lo que cuestionó cuál es el análisis de la Secretaría sobre las causas de la salida de estas empresas. También hizo referencia a denuncias por actos de corrupción en la empresa Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX).

Por el Grupo Plural, Gustavo Madero Muñoz precisó que no se ha llegado al Producto Interno Bruto (PIB) que se tenía antes de la pandemia. Además, reconoció que un cambio de 180 grados en el panorama económico y financiero a nivel global alteró las previsiones anteriores, por lo que países como México deben adecuar sus estimaciones de crecimiento y recaudación.

El titular de la SHCP, Rogelio Ramírez de la O, dijo que las expectativas de crecimiento son optimistas, ya que este año ha aumentado 2.2 por ciento la economía nacional, cuando los especialistas estimaban 1.2 por ciento al inicio del año.

En ese sentido, el funcionario destacó que se recuperaron los niveles de consumo interno prepandemia, lo que se logró gracias a la protección del salario real y la generación de empleos. Esto, indicó, da holgura para alzar la estimación del crecimiento del PIB de 3 por ciento para el 2023.

Además, dijo que la postura de este gobierno fue no tomar más deuda respecto al PIB, pues esto hubiera significado un aumento de impuestos. Detalló que es peligroso adquirir más deuda en estos momentos, pues la inflación va en aumento; “si no hubiéramos actuado con recortes presupuestales, la deuda habría llegado al 58 por ciento del PIB”.

Ramírez de la O agregó que, en 2021, Nacional Financiera apoyó a 495 mil empresas, y colocó 234 mil millones de pesos en favor de 18 mil proveedores, de los cuales, 90 por ciento fueron PyMes.

Destacó que el programa de garantías de la misma institución otorgó créditos por 116 mil millones de pesos, con lo que se benefició a 46 mil pequeñas y medianas empresas, además de otros financiamientos a establecimientos comerciales por 96 mil millones de pesos 

En el tema de estímulos y subsidios fiscales en la venta de combustibles, el funcionario dijo que hay medidas para establecer una contención de la inflación por parte de los ingresos petroleros y de hidrocarburos.

Sobre SEGALMEX precisó que la Secretaría presentó cinco denuncias penales, cuatro por parte del Procurador Fiscal de la Federación y una de la Unidad de Inteligencia Financiera, ante la Fiscalía General de la República, y, subrayó, se tienen instrucciones de agotarlas hasta las últimas consecuencias.

Señaló que ante el giro mundial de 180 grados que dejó a los países emergentes en una situación de aparente vulnerabilidad, en México la postura fue no tomar más deuda, pues se hubiera requerido aumentar impuestos como en administraciones pasadas.