La Crolumna/Javier Macías García

Mensajes en llamas y el mutis oficial

¿Qué sucedió la semana pasada, en varias entidades del país? Los mensajes de la delincuencia organizada, los autores y el cambio de estrategia; un gobierno federal que hace mutis y, ante ese vacío, la narrativa de quienes lo llenaron; una gobernadora que deja su cargo para someterse a una cirugía programada; otra que, en un gesto de desesperación, va al aeropuerto a recibir a los elementos del ejército, y una presidenta municipal a favor del cobro del “derecho de piso”.

Mientras, la población, no sólo de los estados afectados, sino del resto del país, vive más atemorizada por la inseguridad en las calles y, aún, dentro del lugar que antes se consideraba más seguro, su casa.

Los hechos de violencia registrados en algunos municipios de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California, se le atribuyen al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hasta antes de esos días, ese grupo criminal sí utilizaba la quema de vehículos, pero era sólo para bloquear el acceso a las autoridades, durante una persecución, o como distractor para alguna de sus fechorías. Su forma de comunicación era a través de narcomantas, muchas de ellas, colocadas al lado de sus víctimas. Eventualmente, utilizan videos, algunos de su jefe Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

No obstante, la difusión de mensajes era limitada. Incluso, algunos medios de comunicación, hicieron el compromiso de no mostrarlo a sus audiencias, con el propósito de no generar pánico ni desesperanza de un futuro mejor.

Por ello, llama la atención lo ocurrido en estos días. Se trata de un cambio en la estrategia. No sólo por la magnitud de los hechos violentos y los objetivos, principalmente las tiendas de conveniencia y el transporte público, sin descartar los vehículos particulares, que también incendiaron.

Parece que el propósito es aterrorizar a la población; algo así como una especia de “narcoterrorismo”. Sería lamentable que, a partir de ahora, esta sea parte de su performance de la violencia en México. Sobre todo, porque en redes sociales circularon esos hechos y llegaron a ser tendencia.

El gobierno federal, por su parte, con excepción del viernes, que el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó la violencia en Chihuahua, no hizo ningún pronunciamiento sobre los hechos delictivos en las  demás entidades. Sobre Ciudad Juárez dijo “Es algo que no se había presentado —y ojalá no se repita— porque se agredió a población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente, entonces esto es lo más lamentable de este asunto”.

Los titulares de las secretarias de Gobernación, Adán Augusto López, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, también hicieron mutis.

Ese vacío de información que dejó el gobierno de López Obrador fue ocupado por otros, para dar su versión, su interpretación de los hechos.

En redes sociales se dijo que los hechos de violencia registrados en esas entidades fueron organizados por AMLO para justificar que la Guardia Nacional pase, en su totalidad, a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Otros, como Epigmenio Ibarra, llegaron a decir que era una colusión de los narcotraficantes y la derecha para atacar al presidente López Obrador.

Y, en el caso, de algunos líderes y legisladores de oposición, lo utilizaron para reforzar su argumento de que la política de Seguridad Pública del mandatario era un fracaso y que es necesario un cambio de estrategia.

Por supuesto hubo escenas, que se llevaron muchas críticas. Por ejemplo, el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien a unas horas de los hechos de violencia en Ciudad Juárez, anunció que dejaba el cargo, porque tenía programada una cirugía debido a una hernia hiatal.

O, el de la mandataria de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien en un video pretende dar un mensaje de confianza y seguridad a la población, y unas horas después, se traslada al aeropuerto para recibir, personalmente, a 350 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Ni qué decir de la presidenta municipal de Tijuana, Monserrat Caballero, quien prácticamente se manifestó a favor del cobro del “derecho de piso”. Dijo: “que el crimen organizado le cobre las facturas a quienes le deben, los que no les pagaron, no a las familias, no a los ciudadanos”. En redes, se la acabaron.

Estos hechos no pueden entenderse como aislado, sino como estratégicos

Una de las pocas plumas de Morena, que abordaron el tema, es la del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, en un artículo, titulado “Guardia Nacional y Seguridad”, que difundió en sus redes sociales.

Su análisis parte de la premisa de que los hechos sucedidos esta semana en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California no pueden entenderse como aislados, sino como estratégicos, reactivos y sincronizados, a sabiendas de que este fenómeno de la inseguridad es producto de años de complicidad y deterioro de un proceso en el que las bandas criminales se multiplicaron, fortalecieron y radicalizaron, mientras que las autoridades pasivas y omisas se coludieron y permitieron el avance delincuencial.

“La Guardia Nacional es una corporación que aún puede ser catalogada como de reciente creación y, al mismo tiempo, en formación. Los acontecimientos ocurridos en estos días en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California son muestra de la necesidad de fortalecer una institución capaz de hacer frente a las prácticas cada vez más radicales de los grupos del crimen organizado, que disponen de tácticas y estrategias y cuyo interés es atemorizar a la población y debilitar a la institución”, escribió el legislador.

Para él, la pacificación es aún un tema pendiente, que necesita de una solución de largo plazo y que ha puesto en el centro del debate cuál deberá ser el futuro de la Guardia Nacional. “Para ello resulta útil analizar el marco normativo mexicano en torno a tres conceptos importantes: seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública”.

Y a partir de allí, Ricardo Monreal hace un análisis jurídico del pasado, presente y futuro de la Guardia Nacional. A diferencia de otros morenistas, que defienden a ultranza la propuesta del presidente López Obrador sobre la GN.

Sostiene que, en observancia del constitucionalismo mexicano, en caso de que se pretendiera modificar la naturaleza jurídica de esta institución denominada Guardia Nacional, del carácter civil al carácter militar, sin duda se requeriría de una reforma a la Carta Magna, pues en la jerarquía de leyes prevalece ésta por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico ordinario o reglamentario.

Y concluye que “recientemente, se ha planteado que el Ejecutivo federal pudiera acudir a ejercer facultades exclusivas de expedición de decretos, para reasignar atribuciones y adscripción a la Guardia Nacional. Ello generaría reacciones e inconformidades ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por parte de grupos políticos y sociales; sin embargo, el tiempo que tardaría el procesamiento de los recursos interpuestos agudizaría los desacuerdos, pues la demora profundiza las diferencias”.

Dijo que estará pendiente de la presentación de la iniciativa en alguna de las dos cámaras legislativas del Congreso de la Unión, para ofrecer un debate amplio, reflexivo y respetuoso, a fin de lograr lo mejor para nuestra nación.