Asume Estado mexicano compromisos con la ONU, sobre desapariciones forzadas

El Estado mexicano presentó sus observaciones al Informe del Comité de la ONU Sobre Desapariciones Forzadas respecto a su visita a México en noviembre de 2021 y expresó su compromiso para cooperar con éste en la total implementación y seguimiento de las 85 recomendaciones, entre las que señala la necesidad de adoptar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.

En una comunicación conjunta, la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores, a nombre del Estado Mexicano, reiteraron su política de apertura al escrutinio internacional y de colaboración con los organismos internacionales de derechos humanos, así como su compromiso con la atención del fenómeno de las desapariciones forzadas, e igualmente otorga su reconocimiento y solidaridad a familiares de personas desaparecidas y los colectivos de búsqueda.

En el texto, informaron sobre los primeros resultados del cumplimiento de las recomendaciones, que formuló la ONU, luego de la visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, del 15 al 26 de noviembre de 2021.

Entre éstas destacan la reforma a la ley general en materia de desaparición y creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que tendrá como objetivo hacer frente al rezago de identificación de cuerpos y restos localizados a través de un enfoque masivo; además, el inicio de la creación de nuevos Centros Regionales de Identificación Humana debidamente equipados para este mismo fin.

A continuación el texto íntegro:

El día de hoy, con fundamento en el artículo 97, fracción 2, del Reglamento del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (Comité o CED), el Estado mexicano presentó sus observaciones al Informe del Comité sobre su visita a México que llevó a cabo entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021.

La visita, al amparo del artículo 33 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, fue muestra del compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos, así como de la apertura al diálogo constructivo y la cooperación internacional.

Durante su estancia en México, la delegación del CED sostuvo reuniones con 88 autoridades y visitó 13 entidades federativas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Además de sostener reuniones con autoridades estatales de alto nivel, se reunió con colectivos de víctimas y llevó a cabo algunas actividades de búsqueda en campo.

En la presentación de su informe, el Comité CED agradeció el valioso apoyo y apertura del Estado mexicano para lograr la visita y que ésta se diera en un marco constructivo, así como la voluntad del actual gobierno para enfrentar los retos en la materia.

En su informe, el Comité reconoció también importantes avances normativos, institucionales y jurisprudenciales en México, como la adopción de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; de la Ley General de Víctimas; la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; la creación de comisiones locales de búsqueda y de las Fiscalías Especializadas en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas; la adopción del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas y del Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, y la posibilidad de incorporar a quienes participan en las búsquedas en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En la presentación de sus observaciones y comentarios al informe del Comité, el Estado mexicano expresa su compromiso para cooperar con éste en la total implementación y seguimiento de las 85 recomendaciones, en las que señala, entre otras acciones, la necesidad de adoptar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas y establece las condiciones mínimas para que esta sea efectiva.

Además de las observaciones solicitadas, el Estado mexicano se permitió informar sobre los primeros esfuerzos de cumplimiento de las recomendaciones, entre las que destacan:

La iniciativa presidencial aprobada por unanimidad por el Congreso de la Unión que reforma la ley general en materia de desaparición y crea el Centro Nacional de Identificación Humana, que tendrá como objetivo hacer frente al rezago de identificación de cuerpos y restos localizados a través de un enfoque masivo. El pasado 9 de agosto iniciaron las adecuaciones al edificio que ocupará el centro, ubicado en Xochitepec, Morelos. Además, el inicio de la creación de nuevos Centros Regionales de Identificación Humana debidamente equipados para este mismo fin.

La aprobación de los Lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación (MAEBI), los cuales tienen como finalidad, entre otros, que todas las embajadas, consulados y agregadurías de México operen como ‘ventanillas’ para las familias de personas desaparecidas en nuestro territorio, permitiéndoles desde sus países de residencia, reportar y denunciar desapariciones, aportar y solicitar información, e iniciar trámites y gestiones relacionados con sus derechos como víctimas. Este mecanismo también debe permitir a las autoridades responsables de la búsqueda e investigación solicitar apoyo a consulados y embajadas de México para la realización de actividades fuera del territorio nacional

La creación del Mecanismo de Seguimiento a las Recomendaciones Internacionales en materia de Desapariciones Forzadas.

 En cuanto a este último, el mecanismo dará seguimiento a las recomendaciones internacionales, mediante mesas y grupos de trabajo, de acuerdo con las competencias institucionales. Este mecanismo será coordinado por la Secretaría de Gobernación -a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración-, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y participarán todas las instituciones del Estado mexicano involucradas en el proceso de atención del fenómeno de la desaparición forzada, incluyendo los tres poderes y órdenes de gobierno.

Dicho mecanismo será el instrumento nacional para coordinar los esfuerzos para trabajar en una estrategia de atención a las recomendaciones internacionales en materia de desaparición forzada y sus informes. El proceso incluirá consultas con personas integrantes de la sociedad civil, familiares de personas desaparecidas, colectivos de búsqueda y organismos internacionales de derechos humanos. Se espera que la Secretaría de Gobernación convoque a las reuniones de trabajo de este Mecanismo a finales del mes de septiembre.

Corresponderá al Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas revisar las observaciones de México y, tras esto, su publicación en su página electrónica, así como la comunicación oficial en la cual dará a conocer al Gobierno de México la fecha para el siguiente Informe al Comité, el cual será elaborado ya en el seno del Mecanismo de Seguimiento a las Recomendaciones Internacionales en materia de Desapariciones Forzadas.

El Estado mexicano reitera su política de apertura al escrutinio internacional y de colaboración con los organismos internacionales de derechos humanos, así como su compromiso con la atención del fenómeno de las desapariciones forzadas, e igualmente otorga su reconocimiento y solidaridad a familiares de personas desaparecidas y los colectivos de búsqueda.