Reforma político-electoral debería esperar hasta después de las elecciones de 2024: Carla Humphrey

La Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, consideró que una eventual reforma electoral de nivel constitucional debería esperar hasta después de las elecciones de 2024.

“Es un momento complicado para hablar de una reforma constitucional porque en casi un año, en septiembre de 2023, estará iniciando el proceso electoral para renovar la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, varias gubernaturas y congresos locales, y creo que es un momento que tenemos que analizar con mucho cuidado”, dijo en enetrevista.

“En estos momentos hay espacio para reformas legales, por ejemplo, el voto electrónico, pero para las reformas constitucionales, creo, deberían esperar a después del 24, para tener un proceso electoral ya con las reglas claras para todos los partidos políticos, para todas las y los participantes”, abundó.

La consejera del INE acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro para participar en el Foro 12 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral.

En su intervención en el foro, aseguró que el financiamiento ordinario para los partidos políticos sirve, en primer lugar, para que éstos accedan a contiendas equitativas.

“Pero un segundo tema es precisamente porque no queríamos la interferencia de dinero ilícito y del crimen organizado y creo que, en buena medida, hasta hoy o hasta últimos años se ha conseguido con este financiamiento público detener ese espacio en el que el crimen organizado pueda incidir en las elecciones”, consideró.

Al participar en el Foro 12 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral: Seguridad, combate a la violencia, prevención de la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y nulidad de las elecciones, Humphrey puntualizó que la injerencia del dinero ilícito y del crimen organizado, se observa en tres vertientes: en primer lugar, el dinero en efectivo que fluye en las campañas electorales; en segundo, el dinero del crimen organizado y en tercero, la fiscalización.

Esta última, agregó, se ha vuelto tan formal que dificulta identificar triangulaciones de recursos, lavado de dinero en las campañas electorales, así como aplicar el andamiaje internacional para hacerle frente.

“Si a eso unimos que hay autoridades que no nos quieren dar información para resolver los casos, me parece que es gravísimo. A partir de este año, propuse que viéramos la manera de que la Fiscalía General de la República nos diera acceso a diversas carpetas de investigación, alegaban o nos suponían el secreto ministerial que claramente a nosotros no nos pueden oponer este secreto porque somos la única autoridad constitucional encargada de revisar los partidos políticos y los gastos de las candidaturas”, apuntó Humphrey.

Llama a una reforma legal que obligue a las autoridades a dar información

En este sentido, aseveró que una reforma legal tiene que obligar a las autoridades a dar información.

“Somos todos autoridades del Estado mexicano, unos órganos autónomos y otros dependen quizá del Ejecutivo, pero necesitamos compartir esa información porque los ilícitos, los delitos, la corrupción, la impunidad, se da a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Necesitamos que nuestras autoridades accionen y pidan información al extranjero, porque finalmente la obligación del INE es conocer el origen y el destino de todos los recursos que utilizan los partidos políticos y las candidaturas”.

Respecto al tema de seguridad, la Consejera Humphrey advirtió que, si bien no es una materia propia de la autoridad electoral, “sí es un fenómeno que tenemos que investigar de la mano con las autoridades de seguridad pública”.

Ante el debate por una eventual reforma electoral de gran calado, Humphrey manifestó su preocupación de que se ponga a prueba en la elección presidencial del 2024. “Yo creo que tendríamos que probarla en una elección intermedia para poder ajustar de cara a una elección presidencial”, sostuvo.

En el foro también participaron la abogada y académica María de los Ángeles Fromow; el Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, así como el Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales en Jalisco, Ricardo Suro Gutiérrez.