La Aldea en breves

TEPJF determina que reincorporen a Jaime Bonilla Valdez como senador

En sesión pública por videoconferencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, por mayoría de votos, con el voto concurrente del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, y los votos en contra de la magistrada Janine M. Otálora Malassis y el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, y con la ausencia del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, una sentencia de Sala Regional Guadalajara y, en consecuencia, vinculó a la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente del Congreso a convocar a Jaime Bonilla Valdez para su reincorporación como senador de la República.

En diciembre de 2018, el senador Jaime Bonilla Valdez solicitó licencia para separarse de su cargo, por un periodo indefinido, para participar en la elección para la gubernatura de Baja California, de la cual resultó ganador.

Una vez concluido su periodo como gobernador, pretendió reincorporarse al Senado en marzo de este año, lo cual fue controvertido por el Partido Acción Nacional (PAN) y un ciudadano. En su oportunidad, la Sala Regional Guadalajara dejó sin efectos su reincorporación. Contra dicha determinación, Jaime Bonilla presentó recursos de reconsideración.

A propuesta del magistrado José Luis Vargas Valdez, la Sala Superior determinó que el recurso de reconsideración era procedente porque resultaba necesario analizar si fue correcta la interpretación realizada por la Sala Regional, de lo previsto en la Constitución y la Convención Americana, en relación con los requisitos de procedencia de los medios de impugnación establecidos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (Ley de Medios).

Posteriormente, la Sala Superior determinó que el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, quien presentó el medio de impugnación, carecía de legitimación para controvertir un acto del orden federal, como lo es la reincorporación del recurrente al Senado de la República.

En consecuencia, la Sala Superior revocó lisa y llanamente la resolución impugnada, dejando sin efectos los actos emitidos en su cumplimiento. Además, vinculó a la Comisión Permanente del Congreso para que convoque a Jaime Bonilla Valdez a efecto de que se reincorpore a su cargo de senador de la República (SUP-REC-223/2022 y acumulado).

Revoca TEPJF sanción a Samuel García

En esa misma sesión pública la Sala Superior del TEPJF revocó, por mayoría de votos, con el voto particular en contra de la magistrada presidenta por Ministerio de Ley, Janine M. Otálora Malassis, y con la ausencia del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que sancionó a Samuel García por presuntas infracciones en materia de fiscalización, durante el proceso electoral a la gubernatura de Nuevo León 2021-2022.

Este asunto tuvo su origen en las quejas presentadas por los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Acción Nacional (PAN) en contra del partido Movimiento Ciudadano (MC) y Samuel García, entre otras razones, por las aportaciones de personas morales a la candidatura del ciudadano para la gubernatura de Nuevo León pues consideraron que ese tipo de financiamiento está prohibido.

En un primer momento, el Consejo General del INE sancionó económicamente a MC por omitir rechazar las aportaciones de diversas personas morales realizadas a través de familiares de Samuel García. Tras diversas impugnaciones, la Sala Superior ordenó al INE que se pronunciara sobre la posible responsabilidad del entonces candidato derivado de dicha infracción (SUP-RAP-397/2021 y acumulados). En cumplimiento a esa sentencia, el INE resolvió que Samuel García sí era responsable y lo sancionó económicamente (Acuerdo INE/CG216/2022), lo cual fue recurrido por el afectado, MC y Morena.

A propuesta del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, la Sala Superior revocó lisa y llanamente el acuerdo del INE impugnado, al sostener que la autoridad no demostró de manera fehaciente la responsabilidad de Samuel García por lo cual, la respectiva sanción no se encontraba motivada ya que el INE no valoró ni confrontó todas las pruebas, y tampoco consideró que había hipótesis compatibles con la falta de responsabilidad del candidato en la infracción.

Exigen destinar recursos para familiares de desaparecidos

La diputada federal priista Paloma Sánchez presentó ante la Comisión Permanente un Punto de Acuerdo para exigir al gobierno de Sinaloa que destine recursos del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para la atención de necesidades básicas de las familias de desaparecidos.

Consideró, además, que deben contemplarse medidas económicas, jurídicas y de protección, que garanticen la continuidad en la búsqueda de sus familiares.

La diputada expuso que la desaparición de una persona no solo impacta a las familias a nivel personal, sino también en lo económico, porque muchas veces la persona desaparecida es el sostén de esa familia.

La legisladora federal del PRI destacó que México se encuentra ante una crisis de desapariciones, con más de 100 mil personas desaparecidas y más de 50 mil cuerpos sin identificar.

Solicita a la CNDH la Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley del ISSTEY

La Senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Verónica Camino Farjat, solicitó a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, su intervención para promover la Acción de Inconstitucionalidad en contra del Decreto 532/2022, que contiene la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), por ser este Decreto un instrumento jurídico que vulnera derechos.

Camino Farjat subrayó que se acudió a esta instancia porque esa ley vulnera los Derechos Humanos de los más de 30 mil trabajadores del gobierno y de los Poderes públicos del Estado de Yucatán.

Puntualizó que su intervención es la respuesta al llamado que le hicieron cientos de trabajadores de los Poderes del Estado y lideres sindicales preocupados por la situación actual que viven en sus centros laborales, ya que el contenido de la mencionada ley les afecta en las pensiones y jubilaciones, a la vez que deteriora la calidad de vida de sus familias.

En ese sentido precisó que con esta Ley se aumentará del 8 al 15% el pago de las cuotas y aportaciones para el fondo de pensiones al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, ocasionado que la base trabajadora percibirá menos ingresos en su sueldo.

Presenta SEP campaña “Vamos todas y todos por la educación”

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, y el coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas, encabezaron el lanzamiento de la campaña “Vamos todas y todos por la educación”, para impulsar la convivencia escolar presencial, la recuperación de aprendizajes y fomentar que las escuelas sean espacios limpios y seguros desde el inicio del Ciclo Escolar 2022-2023.

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) puntualizó que la meta del gobierno federal es que nadie se quede fuera del salón de clases y que, quienes por distintas razones interrumpieron su trayecto educativo, ejerzan su derecho a la educación y tengan la oportunidad de reponer aprendizajes.

Gómez Álvarez llamó a los actores educativos a impulsar el regreso a las aulas; quitar obstáculos y ofrecer alternativas para erradicar el abandono escolar. “Es momento de volver a la escuela, donde su lugar les espera a todas y a todos”, señaló.

Consideró que esta tarea debe sumar a todos los sectores sociales para tener las aulas llenas y un aprendizaje incluyente, con justicia, calidad, dignidad y un lugar para niñas y niños.

Garantizó la seguridad de las y los alumnos en el regreso a clases presenciales, y dijo que continúan vigentes los protocolos sanitarios y recomendaciones de la Secretaría de Salud, además de que ya se cuenta con la vacunación infantil y del personal educativo que integra las instituciones.

Hizo un llamado a los actores educativos a invitar a quienes abandonaron sus estudios a regresar a la escuela. “Tenemos que ir casa por casa, y eso ya se está haciendo a nivel estado, para identificar a esos pequeñitos que, por alguna situación de pobreza, o alguna situación económica o porque quizás algún familiar falleció y están en depresión o falta de atención, porque todos tenemos la obligación como sociedad de ver a esos pequeños”.

Suscriben INAI y CCE convenio

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) suscribieron un Convenio General de Colaboración para planear y ejecutar, de manera conjunta, actividades y estrategias dirigidas a promover el aprovechamiento del derecho de acceso a la información pública entre las cámaras empresariales y empresas del país, así como mecanismos de transparencia proactiva y datos abiertos.

Asimismo, el INAI y el CCE firmaron un Convenio Específico para la implementación del proyecto piloto del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI) en el sector empresarial.

Mediante estos acuerdos, las dos instituciones se comprometen a organizar, entre otras acciones, capacitaciones y jornadas de socialización dirigidas a cámaras empresariales y empresas del país, con el fin de divulgar e incrementar su conocimiento sobre el derecho de acceso a la información y su utilidad para mejorar situaciones o solucionar problemáticas.

Para la implementación del PlanDAI, el Instituto capacitará y asesorará a las personas que el CCE designe como personas facilitadoras y apoyará en la realización de las jornadas de socialización y las actividades que deriven de ellas. 

Por su parte, el CCE definirá las fechas, horarios y sedes para las jornadas de socialización del derecho de acceso a la información con sus usuarios y elaborará un informe final sobre la implementación del PlanDAI, entre otras tareas.

Al suscribir los convenios, la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, aseguró que el PlanDAI es una política con la cual se busca ampliar el conocimiento del derecho de acceso a la información entre los diferentes grupos de la población, incluido el sector empresarial, cuyos representantes han defendido al Instituto para que siga siendo una institución autónoma, garante de derechos humanos, así como un equilibrio entre los poderes públicos, con el fin de mantener un Estado democrático.

“El derecho de acceso a la información da pauta no solamente a la resolución de problemas, sino también a que se puedan construir puentes de diálogo con las autoridades, combatir la corrupción en el sentido de que amplifica y permite visualizar aquellos actos de corrupción y también diversificar la base de beneficiarios para vincularnos con otros grupos y potenciar el ejercicio de otros derechos”, planteó.

A su vez, el Presidente del CCE, Francisco Cervantes Díaz, destacó que, “para el sector privado, promover la cultura de la transparencia es una prioridad dentro de los principios que rigen nuestro Código de Integridad y Ética Empresarial. Es por ello que, entre las acciones que procuramos impulsar al interior de nuestras organizaciones, destaca el buscar asesoría, a través de organismos públicos como privados, para consolidar estrategias que nos permitan incidir de manera positiva en nuestro entorno”.

“En ese sentido, el Plan DAI nos brinda la posibilidad de utilizar la información pública para resolver no sólo situaciones cotidianas del empresariado, sino también para ser parte activa del proceso de mejora de nuestras comunidades, construir soluciones a problemas concretos y mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores”, afirmó.