Cámara de Diputados hará efectiva la participación de personas con discapacidad en consultas

Las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Educación, que presiden las diputadas Gabriela Sodi Miranda (PRD) y Flora Tania Cruz Santos (MORENA), respectivamente, aprobaron por unanimidad el procedimiento para atender y cumplir ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mandata hacer valer la voz y garantizar la inclusión de personas con capacidades diferentes en la Ley General de Educación.

Las y los diputados federales saludaron el acuerdo de las comisiones unidas que plantea la realización de “parlamentos abiertos” para hacer valer la voz de personas con discapacidad y colectivos vinculados; tras señalar que se trata de una decisión histórica que hará valer los derechos de mexicanas y mexicanos con algún tipo de discapacidad y que, de acuerdo con el INEGI, superan los siete millones. 

Cabe recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), promovió el año pasado, una “Acción de Inconstitucionalidad” (121/2019), en materia de consulta a personas con discapacidad. contra los artículos 56, 57 y 58 (contenidos en el Capítulo VI «De la educación indígena»), y 61 a 68 (Capítulo VIII «De la Educación Inclusiva»), de la Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019, tras considerar que “no fueron tomadas en cuenta las personas con discapacidad”, lo que la hacía carecer de inclusión. 

En consecuencia, el pasado 29 de junio de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio su fallo a favor exponiendo que, al incidir directamente en los derechos e intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y de las personas con discapacidad, existía la obligación de consultar a estos grupos previo a la expedición de la Ley en comento, de conformidad con los artículos 2° de la Constitución General, 6 del Convenio 169 de la OIT y 4, numeral 3, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual no fue llevado a cabo.

Así, el Pleno de la SCJN declaró la invalidez de los preceptos mencionados (no toda la legislación en materia educativa),misma que –ordenó- “surtirá efectos dentro de los dieciocho meses siguientes a la fecha en que se notifiquen los puntos resolutivos al Congreso de la Unión, quedando éste vinculado a llevar a cabo las consultas respectivas –que no estarán limitadas a los artículos invalidados– y emitir la regulación correspondiente dentro de dicho plazo”, mismo que, se informó, vence en octubre próximo.

 Por lo tanto, será a través del Parlamento Abierto como se haga efectiva y se garantice la participación de las personas con discapacidad en la Ley General de Educación, agregó la diputada Gabriela Sodi quien, además, dijo que las conclusiones del Parlamento Abierto darán como resultado el proyecto de Dictamen que avalará la Cámara de Diputados a partir de septiembre que inicia el Primer Período Ordinario del Segundo año Legislativo.

También, adelantó que será en un plazo no mayor a siete días cuando las comisiones unidas emitan la convocatoria y el programa respectivo.

En este tenor, Sodi Miranda celebró que las acciones emprendidas abonaran a que se lleve al cabo la consulta para el capítulo de “Educación Inclusiva” invalidado, y que la población discapacitada no sufra una doble estigmatización -sin consulta y sin derechos educativos- por esta falta de dictamen para legislar la educación inclusiva y la entrada en vigor de la invalidez referida, añadió.

Las y los diputados de ambas comisiones saludaron el hecho de que esta acción será la primera a ejecutarse en la Cámara de Diputados con visión de inclusión y figura como “histórica”, y, en este tenor se espera que dicha aportación sirva como punta de lanza para que las políticas públicas siguientes pongan en el centro de atención a la población con discapacidad.

“No podemos legislar temas de la población de discapacidad sin que las personas sean la voz en este parlamento”, recalcó.

En su oportunidad, la también perredista Olga Luz Espinosa Morales, celebró el acuerdo aprobado por unanimidad en ambas comisiones ya que ello, dijo, “elimina barreras para las personas con discapacidad y ello garantiza que puedan ser incluidas en la educación de este país”.