Presenta PRD punto de acuerdo para citar a comparecer a titulares de Segob y de SSPC, sobre Tren Maya

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un Punto de Acuerdo por el que esta soberanía cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana; Adán Augusto López y Rosa Icela Rodríguez, respectivamente, para que informen de manera exhaustiva sobre la decisión de declarar a la construcción del “Tren Maya” como: “obra de seguridad nacional”.

Asimismo, se demandará a los funcionarios que expliquen las previsiones a ejecutar para resguardar el ecosistema, la biodiversidad, los acuíferos y evitar impactos adversos sobre las especies de flora y fauna de la selva maya, considerada uno de los más importantes pulmones de América Latina y el planeta.

Las y los diputados perredistas censuraron el hecho de que, a pesar de que hay diversos amparos otorgados a organizaciones y activistas -que han denunciado irregularidades y violaciones constantes a las leyes medioambientales del país y acuerdos signados por México a nivel internacional- el gobierno Federal ha reanudado los trabajos en algunos puntos del Tramo 5.

Este Tramo, recordaron, es el mismo por el que el pasado 30 de mayo, el Juez Adrián Fernando Novelo Pérez concedió una suspensión definitiva contra la planeación, construcción, desarrollo y acondicionamiento hasta en tanto el gobierno no presente las pruebas que dieron origen al resguardo de dicho lugar.

En el documento registrado ante la Permanente, el GPPRD señala que, ante dichas suspensiones y la terquedad y empecinamiento del Ejecutivo Federal de “terminarlo a finales del año próximo”, el pasado 18 de julio -en sesión del Consejo de Seguridad- se determinó clasificar al “Tren Maya” como una “obra de seguridad nacional” en un intento por evadir la ley a fin de reanudar las actividades frenadas por un juez federal, y separando a Fonatur de la responsabilidad para delegarla a las Secretarías de Gobernación y de Seguridad”. 

“Lo anterior simboliza una prueba de que la ley no se cumplió desde el inicio de la obra y sigue sin acatarse, ya que no se concluyeron los procesos judiciales a seguir tras las suspensiones”, refirieron las y los legisladores federales perredistas, quienes también recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendientes por resolver, acciones de inconstitucionalidad precisamente contra del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 2021, por el que el Ejecutivo Federal declara sus obras prioritarias de infraestructura como “de seguridad nacional”.

Una de las acciones de inconstitucionalidad corrió a cargo del Senado de la República, en tanto que el otro fue interpuesto por el Instituto Nacional de Acceso a la Información. En consecuencia, la SCJN declaró la suspensión parcial del Acuerdo en cuanto hace al acceso a la información relativa a tales proyectos.

“El Tren Maya se relacionó, desde el inicio de esta administración, como un proyecto para generar transporte de carga y turismo. Atraviesa la mayor reserva de selva de México y de América del Norte, por ello mismo ha sido clasificada ‘zona de conservación’ por las Naciones Unidas ya que, entre otras características que obligan a su preservación están el que, alberga al segundo acuífero subterráneo en importancia conteniendo más de 900 cenotes, con información incuantificable sobre historia natural y orgánica de la vida en el planeta”.   

Las problemáticas desatadas por dicha obra son de diversa índole, entre otras las de materia de transparencia, costos y sobrecostos de la obra; pero principalmente las ligadas al impacto ambiental, con el ecocidio de miles de árboles talados para la construcción de vías y estaciones, lo que a su vez impactará sobre la fauna local y la calidad del aire.

“A Largo plazo podremos observar las consecuencias referentes a la urbanización y las derivaciones que esto atrae, pues al tratarse de un plan regional, afectará de manera crítica las condiciones de vida de los pueblos originarios que ahí habitan y que han luchado y trabajado por la preservación de sus recursos y prácticas ancestrales. Ello sin contar que se multiplicará el impacto ambiental, pues los centros urbanos son los mayores emisores de contaminación”.

“No estamos hablando solo de naturaleza, sino de pueblos originarios que serán arrasados”, advirtieron las y los perredistas.