Exigen renuncias de funcionarios de Zacatecas

El diputado Miguel Ángel Torres Rosales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, exigió a la federación y al gobierno que encabeza David Monreal Ávila, a reorientar la estrategia de seguridad en Zacatecas, o presentar su renuncia ante el fracaso de la estrategia implementada desde finales de noviembre del año pasado para combatir los altos niveles de violencia e inseguridad, luego de que este domingo ocurriera un nuevo asesinato múltiple en pleno centro de la capital, supuestamente uno de los más resguardados de la fallida estrategia.

 El legislador federal mostró su indignación por los hechos sucedidos en el “Jardín Independencia”, considerado uno de los sitios icónicos de convivencia social de la ciudad, donde fueron abatidas dos mujeres y un hombre, dejando gravemente herido a otro, justo en la hora de mayor actividad por la celebración del Día del Padre.

“Nos queda claro que la política federal de ‘Abrazos no Balazos’, añadió, es un rotundo fracaso, y si nuestros funcionarios -que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes- no pueden o no quieren asumir su obligación de detener a la delincuencia y la violencia, que renuncien”, acotó al tiempo de exhortar a que se convoque nuevamente a las instancias involucradas como son el Ejército, la Guardia Nacional y las autoridades locales, para que se nos haga saber un balance e implementar otra estrategia que sí dé resultados en el corto plazo.

El “Plan de Apoyo Zacatecas 2”, inició el 25 de noviembre de 2021, con la idea de que fueran desplegados 3 mil 848 elementos el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional distribuidos de la siguiente forma: 1 mil 940 efectivos en la región centro; 804 en la parte norte y 1 mil 104 en el sur, a fin de evitar la confrontación entre grupos delictivos.

Adicionalmente, se unirían 8 mil 241 efectivos de las Zonas Militares de San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco, que aportarían 90 elementos de cada una de las Zonas para contar con un efectivo de 360 que resguardarían los límites del estado con el fin de contener el movimiento de los grupos violentos.

Piden reforzar campañas de atención por violencia familiar en Nuevo León

La diputada federal Marcela Guerra Castillo solicitó al Centro de Atención Familiar del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado de Nuevo León, reforzar las campañas de atención psicológica a las personas que hayan sufrido violencia familiar.

En un punto de acuerdo, la integrante del Grupo Parlamentario  del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) también pidió endurecer las campañas de orientación legal para que se vele por la integridad de  los menores de 18 años que sean o hayan sido testigos de violencia familiar.

En ese sentido, la legisladora priista resaltó que en su entidad, la violencia doméstica ha ido en aumento, pues detalló que  según datos del Observatorio de Seguridad y Justicia de Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, durante el período de marzo de 2021 a febrero de 2022, ha habido un incremento en las tasas de incidencia respecto al mismo periodo del año anterior.

Destacó que durante dos años de pandemia, la violencia familiar se intensificó, prueba de ello es que los reportes al 911 pasaron de 34 mil 120 en el año 2019, a 42 mil 643 el año pasado, lo que representa un incremento de un 24.9 por ciento.

Que 16 estados expidan Ley de Movilidad, proponen en el Senado

La Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, que preside la senadora Patricia Mercado Castro, aprobó por unanimidad un exhorto a los congresos locales de 16 estados del país, para que analicen la viabilidad de legislar y expedir una Ley de Movilidad específica para su entidad federativa.

Se trata de los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

En el dictamen aprobado por la Comisión, las y los legisladores solicitan a esas entidades expedir la legislación derivada del reconocimiento del derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad reconocido en la Constitución, en beneficio de las personas y de la sociedad en su conjunto.

Si bien la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece las bases para que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México puedan reglamentar en materia de movilidad y seguridad vial, ello no es obstáculo para que los congresos de los estados puedan legislar dicha materia, acotaron.

Subrayaron que desde 2020, la movilidad es un derecho humano, consagrado expresamente en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivado de una reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de diciembre de 2020, donde se establece que “toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.

Víctimas del News Divine Exigen cárcel para Zayas y Chiguil

Los familiares de las víctimas del News Divine, que hace 14 años murieron durante un operativo fallido operativo, exigieron al poder judicial que impida al juzgado 19 penal decretar la prescripción del delito de homicidio culposo en favor de Guillermo Zayas, ex director de la UNIPOL en Gustavo A Madero.

Recientemente, el ex funcionario de la administración de Marcelo Ebrard pidió a la titular del citado Juzgado que decretara la prescripción de dicho ilícito, ya que eso le permitiría quedar exento de culpa por homicidio culposo, en agravio de 12 víctimas y lesiones de otras 20 personas más.

“Somos los padres y madres de las víctimas y decimos que ahora con ayuda del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, es que Francisco Chíguil sigue libre, y nuevamente está en la administración de la alcaldía, a pesar de que fue el principal responsable de esa tragedia. Han pasado tres administraciones y parece que las autoridades se les ha olvidado el caso», manifestó Claudia Martínez, madre de Jenifer una de las víctimas.

Los familiares aclararon que ninguna cantidad de dinero podrá devolver la vida de sus hijas e hijos y reiteraron que el operativo planeado y ordenado por Marcelo Ebrard y Luis Rosales Gamboa, entonces director de la Policía sectorial, así como Guillermo Zayas son los responsables directos de la tragedia.