Integrantes del Colegio de Abogados del Valle de México A.C., sede Ciudad de México, exigieron que se reconozca la autonomía e independencia presupuestal del Poder Judicial más importante del país, en el cual se resuelven miles de asuntos jurídicos incluyendo de menores de edad, que representados por sus padres o tutores acuden a solicitar la protección de la justicia; además que de la adecuada operación e impartición de justicia depende el ingreso de miles de representantes jurídicos.

A través de un comunicado, María de los Ángeles Osiris Díaz González, presidenta del Colegio en la capital del país, destacó, que las causas principales de la problemática son dos, siendo la primera, la falta de control autodeterminado que el Poder Judicial ha venido perdiendo de su presupuesto anual, ya que, siendo un poder autónomo, debe permitir que el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México administre los recursos que le corresponden.

Ya que al recibir los recursos presupuestales mes con mes, fragilizan su operación cotidiana impidiéndole una planeación más efectiva de corto, mediano y largo plazo, y que en segundo lugar se encuentra el recorte presupuestal que año con año sufre, por lo que los integrantes del Colegio de Abogados del Valle de México, filial Ciudad de México, manifiestan su total apoyo al Poder Judicial de la Ciudad de México y al Magistrado Rafael Guerra Álvarez en su calidad de presidente.

“Exigimos que se reconozca la autonomía e independencia presupuestal del Poder Judicial, porque hemos venido observando con preocupación el deterioro de las condiciones materiales de trabajo dentro del lugar donde las leyes deben hacerse cumplir al pie de la letra, dada la creciente problemática de insuficiencia presupuestal, se impide el respeto y cumplimiento de los derechos humanos laborales de trabajadores sindicalizados y no sindicalizados”.

Resaltó, que la significativa y progresiva cantidad de trabajo dentro de los órganos jurisdiccionales, impide que la impartición de justicia sea de calidad y lejana de poder cumplir con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, toda vez que hay jornadas laborales que exceden las ocho horas, violentando lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

“Esto (el exceso de trabajo) tiene como consecuencia trabajadores agotados, con afectaciones emocionales y ruptura en sus relaciones familiares, por lo que el incumplimiento cada vez más frecuente del pago oportuno de prestaciones, como lo es, el caso reciente de los vales de fin de año, que fueron depositados, pero la empresa prestadora del servicio, bloqueo, dejó a más de ocho mil trabajadores sin poder ocupar los vales, los cuales constituyen un derecho adquirido por la base trabajadora”, reveló.

El acuerdo fue avalado por Jaime Mariano Del Rio Navarro, Julián Meza Becerra, Arturo Feria Ortiz, Gustavo Pozos Marín, José Martínez Rodríguez, Nelyda Toscano Márquez, Mucio Israel Hernández Guerrero, Paul Rene Aldrete Sánchez, Gamaliel Gutiérrez Romero, Carlos Serralde Martínez, Hermelinda Carrillo Beltrán, Diana Damián Mateo, Rafel Mira Martínez, Cynthia Carolina Espinosa Arciga, Martha del Rosario Cansino y Edgar Abraham Chávez Reyes.